En este contexto aparece el Consejo de Mayo, la mesa convocada por el Gobierno que junta a funcionarios, gobernadores, legisladores y sindicalistas. ¿La propuesta? Modificar la Ley de Tierras y eliminar los límites, para que personas y empresas extranjeras puedan comprar libremente campos en Argentina. El Gobierno nacional incluso intentó derogar la norma por DNU, pero la ley sigue vigente gracias a una cautelar judicial, que respondió a un amparo presentado por el Centro de Excombatientes de Malvinas (CECIM).
¿Quiénes son los principales dueños extranjeros? Estados Unidos encabeza el ranking, con unas 2.700.000 hectáreas, el equivalente a 135 ciudades de Buenos Aires juntas. Después aparece el grupo Benetton, de Italia, con alrededor de 900.000 hectáreas, casi toda la provincia de La Pampa, repartidas entre Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. También hay fuerte presencia británica: 600.000 hectáreas en el sur de Mendoza a través del grupo Walbrook y 38.000 hectáreas de Joe Lewis en la zona de Lago Escondido, en Río Negro.
Las mayores concentraciones no son casualidad. Se dan en zonas con recursos naturales clave: agua, acuíferos, minería. A nivel departamental, los casos más extremos superan el 50% de extranjerización, como Lácar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja) y Molinos y San Carlos (Salta), territorios donde sobran bienes estratégicos como agua dulce y minerales.
También hay otros puntos calientes. Iguazú (Misiones), Ituzaingó y Berón de Astrada (Corrientes) y Campana (Buenos Aires), todas localidades ubicadas sobre el río Paraná, superan cómodamente el 30% de tierras en manos extranjeras, en plena principal vía fluvial del país.
En diálogo con el portal El Auditor, Matías Oberlin, historiador del CONICET y responsable del estudio, explica que la ley permite actuar a distintos niveles: departamental, provincial y nacional. “El límite es el 15% y la norma prohíbe que se sigan vendiendo tierras, aunque no es retroactiva”, aclara.
El investigador también pone una alerta sobre los datos disponibles. La base del Observatorio se armó con pedidos de acceso a la información pública. “Lo que se ve en el mapa es información que nos pasó el Gobierno a través de un expediente. Igual creemos que la situación es bastante peor: esto es una foto vieja”, advierte.
Entonces, la pregunta cae de madura: ¿hay un riesgo real en la extranjerización de la tierra? Para Oberlin, sí, y es serio. “Implica una pérdida de soberanía, porque muchas veces los dueños son sociedades anónimas transnacionales, empresas en paraísos fiscales o incluso Estados extranjeros”, explica.
Además, señala un punto especialmente sensible: las zonas de frontera. “Si mirás el mapa, lo más rojo está en la cordillera, que es frontera, y en la hidrovía del Paraná, por donde sale la mayor parte de lo que exporta la Argentina”, remarca.
¿Y qué pasa en otros países? “Ni en Estados Unidos ni en Europa se permite la venta de tierras en zonas fronterizas”, compara Oberlin. ¿Por qué? Porque eso le quita al Estado capacidad de control. “Si el Estado no puede entrar ni siquiera con una orden judicial, se facilita el tráfico ilegal de mercaderías, la trata de personas y el narcotráfico, ya que esas tierras quedan bajo control privado”, concluye.
