Tras meses de un sugestivo hermetismo bajo el argumento de “seguridad nacional”, el Banco Central (BCRA) provocó un cimbronazo administrativo al admitir formalmente que no existen contratos que respalden el envío y la custodia de las reservas en el extranjero. 

Esta confesión no sólo dejó al descubierto una preocupante fragilidad administrativa, sino que contradice la narrativa oficial que el Ministerio de Economía sostuvo durante todo el año: la promesa de que el oro se movilizaba para generar retornos financieros y servir como garantía de nuevos préstamos.

La situación alcanzó su punto de mayor tensión tras la emisión de un fallo de parte de la Cámara Contencioso Administrativo Federal en el que calificó la reticencia del BCRA como “incompatible con los principios de transparencia y buena fe”, ordenando la apertura inmediata de la información sobre los aproximadamente 5.000 lingotes enviados a Londres. 

Los magistrados subrayaron que, al haberse completado ya los traslados, el argumento del riesgo de seguridad perdía sustento frente al derecho de la ciudadanía a conocer el destino del patrimonio nacional. 

Sin embargo, la mayor vulnerabilidad para el Gobierno no proviene solo de la Justicia local, sino de la inconsistencia técnica de sus propios argumentos, que se contradicen con la realidad. 

Resulta imposible que el oro otorgue intereses o funcione como garantía para obtener financiamiento internacional si no existe un instrumento legal, un contrato de custodia o un convenio de inversión que defina las tasas, plazos y responsabilidades de las partes.

En este contexto, esta falta de información y papeles flojos que fue admitida por el propio Banco Central pone al país en una situación de riesgo extremo ante los tribunales internacionales. 

En Nueva York, la jueza Loretta Preska, quien supervisa el multimillonario juicio por la estatización de YPF, ya solicitó detalles sobre la ubicación de estos lingotes de oro. 

Es que, al carecer de un marco contractual que blinde al oro como un activo soberano destinado estrictamente a la política monetaria, los acreedores y litigantes encuentran una ventana legal para argumentar que los lingotes son, en realidad, activos comerciales y, por lo tanto, sujetos a embargo. 

Mientras el valor de estas reservas supera hoy los 8.000 millones de dólares debido al alza histórica del precio del metal, la falta de documentación formal impide que la Auditoría General de la Nación (AGN) verifique si el patrimonio está siquiera asegurado. 

En este escenario, lo que se presentó como una maniobra de eficiencia financiera termina el año bajo la sombra de una irregularidad administrativa y con un riesgo de confiscación externa.