Desde que asumió, entre designaciones, renuncias y reemplazos, el Gobierno publicó más de 1700 nombramientos. Según un relevamiento que hizo PERFIL en base a las disposiciones del Boletín Oficial, más de 780 funcionarios están exceptuados de cumplir los requisitos mínimos de contratación, como un título universitario o experiencia en puestos similares. Esto representa un 46% del total de quienes ingresaron desde el 11 de diciembre de 2023.
Hace unas semanas el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que 'en línea con la racionalización del Estado que se viene haciendo desde el principio de la gestión, el Gobierno nacional ha decidido tomar un examen de idoneidad estandarizado para 40.000 empleados de la planta transitoria y contratados” que trabajan en distintas dependencias de la Administración Pública Nacional. Y agregó que “esto está establecido en la ley Bases y va a ocurrir en diciembre, cuando estos contratos vencen”.
Efectivamente, el 5 de agosto el Gobierno publicó la Resolución 695/24 que reglamentó la modificación de la ley de Empleo Público (25.164). Ese mismo día, el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado explicó en su cuenta de la red social X que esta modificación incluye “un examen objetivo de competencias”, que “deberá rendir cada empleado público que ingrese”. En el mismo posteo celebró la medida como una disposición “anti ñoquis” que va en el sentido de “evitar la interferencia política en los nombramientos, fortalecer el régimen disciplinario, evitar el dispendio de
