Esta condición se ejerce a través de la elección de los diputados y senadores  quienes expresan la voluntad política en las asambleas representativas, siendo la fuente del poder estatal superior. La potestad cívica de autodeterminarse constituye el principio de Soberanía la cual reside excluyentemente, en la Nación. Ningún organismo o sector del pueblo puede asumir el ejercicio de la misma. Estas definiciones no dejan lugar a dudas, la Ley es la consecuencia de la voluntad de todos (sistema democrático) su aplicación e interpretación nunca puede ser el resultado de una extrema minoría devenida aristocracia judicial.

 Cuando los “supremos” deciden mediante fallos o interpretaciones jurídicas, normalmente   decididas por las oligarquías corporativas, que afectan y confiscan la elección democrática popular desvirtuando el equilibrio imprescindible de los tres poderes consagrados en la Constitución Nacional, se produce un sentimiento de impotencia en la ciudadanía el cual interpela el poder real del sistema. En otras palabras, el ciudadano se pregunta para qué sirve votar.

 Luego de la segunda guerra mundial, los países occidentales adoptaron los valores del Estado de Derecho lo cual significa en la realidad, que cualquier acción política está bajo la supervisión de un juez, lo cual limita las facultades de los otros dos poderes: el Ejecutivo y el Legislativo. A menudo se propaga la confusión sostenida por el discurso dominante en cuanto a que el Estado de Derecho supone Democracia. La realidad es que en democracia el poder es del pueblo y lo ejerce para el pueblo en tanto que el Estado de Derecho transfiere la suma del poder a la aristocracia u oligarquía judicial que no fue elegida.

 La conclusión sobre estos principios, es que el verdadero desafío de los pueblos, es desarticular este complejo tramado el cual ejerce el Poder Real por sobre los principios de las constituciones que lo hicieron posible. 

 Es imprescindible volver al equilibrio y balance de los tres poderes mediante nuevas Constituciones, las que deben ser redactadas mediante la elección de Constituyentes convencidos y  comprometidos con la idea de la Soberanía Popular.

 De persistir estos modelos democráticos limitados y condicionados por el Poder Judicial en desmedro de los poderes Ejecutivo y Legislativo, el poder residirá en esta supremacía judicial cuyos resultados se pueden apreciar en recientes casos de los gobiernos de Paraguay, Brasil y actualmente Perú.

 En el mientras tanto, es imprescindible que los legisladores que representan al conjunto de la sociedad, con la responsabilidad del cargo, manifiesten su oposición a la arbitrariedad de las decisiones cortesanas utilizando todos los instrumentos y acciones dentro del marco de la legalidad y apoyándose en su pueblo.

 Carlos Blasco

Diciembre 28 de 2022.