Mientras se cursan estos pedidos y audiencias en el tribunal del Preska, la Argentina apeló el fallo condenatorio en primera instancia y espera la decisión de fondo de la Cámara de Apelaciones. Ese nuevo fallo podría tardar al menos un año.  

Por pedido del demandante, el fondo de inversión Burford Capital, exigió pruebas al país para determinar, o no, que son lo mismo, que representan los mismos intereses y que tomaron y toman decisiones de manera alineada. 

Así lo decidió luego de una audiencia en su corte del segundo distrito de Manhattan, donde hace ocho años lleva adelante la causa que se generó luego de la expropiación de YPF en 2012.

Preska ya emitió un falló que condenó a la Argentina a pagar unos US$ 16.000 millones, del que Burford es el principal beneficiario.

En la audiencia las partes presentaron argumentos a favor y en contra de obligar al país a presentar información sobre si ciertas entidades administradas por el Estado son “alter ego” del país. 

En esa lista estaban YPF, Aerolíneas, BCRA, Arsat, Banco Nación y otras.

Preska dijo que la petrolera de bandera -el Estado es dueño del 51% del paquete accionario- y el Banco Central podrían encuadrarse bajo esa figura y ordenó que la Argentina presente información de los últimos 2 años para probar su relación con el Estado.

El objetivo detrás del pedido de Burford es embargar activos locales ante la idea de que el Estado no pagará la sentencia que tiene a favor.

Ahora, la jueza dejó de lado a las demás empresas y organismos, pero indagará sobre YPF y el Central. 

Y, eventualmente, podría autorizar embargos sobre los bienes de ambos: acciones en Wall Street, inversiones en el exterior, bonos y otros activos.