En ese lugar, se identificaron casi 600 embarcaciones con deuda y otras 65 no registradas, y se efectuaron las intimaciones pertinentes para que los dueños regularicen la situación. Quienes estaban en situación de morosidad adeudaban un total de $40 millones en concepto de Impuesto a las Embarcaciones Deportivas, detalló el organismo bonaerense.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, puntualizó que en la provincia de Buenos Aires hay 54.000 embarcaciones deportivas y el 54% de ellas registra algún tipo de incumplimiento, ya sea por deudas impositivas u otras irregularidades.

"A eso hay que sumarle otro universo con las que directamente no están registradas, porque sus propietarios no las dieron de alta. Ahí está la mayor evasión", sostuvo el funcionario.

La tarea conjunta de los organismos de recaudación sobre amarres y guarderías náuticas se basa en cruces de información, que se realizan previamente, y el análisis de las declaraciones juradas informativas que deben presentar los embarcaderos.

Con esos datos, los equipos de fiscalización obtienen indicios de los lugares donde existen yates de gran porte y otras embarcaciones deportivas no inscriptas o con deudas importantes, y a partir de esa información se planifican los controles presenciales y las acciones para intimar a quienes se encuentran en situación irregular, explicó ARBA, en un comunicado.

Girard resaltó que "se trata de bienes de lujo, a tal punto que nueve de las embarcaciones sin declarar que encontramos en San Fernando tienen un valor de mercado en torno a US$ l millón, y están evadiendo completamente el tributo provincial y también Bienes Personales a nivel nacional. Otras siete, de similares características, si bien habían sido declaradas, registraban deudas de más de $500 mil y en algún caso de más de $1 millón por el Impuesto a las Embarcaciones Deportivas".

Las acciones conjuntas de ARBA y AFIP sobre el sector náutico y otros segmentos de altos ingresos van a continuar durante todo el verano, en particular en la zona norte bonaerense y  municipios de la costa atlántica. Además de los controles sobre las embarcaciones, la fiscalización incluye a los consorcios que administran las guarderías, con el objetivo de detectar inconsistencias tributarias y verificar si cumplen con su obligación de actuar como agentes de información del Fisco.