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Votaron en contra. Advirtieron sobre las consecuencias. Acompañaron a los vecinos. Llevaron el reclamo más allá de las redes sociales y promovieron las presentaciones correspondientes ante la Justicia. No se limitaron a expresar una opinión: pusieron su nombre, su firma y su responsabilidad política e institucional para tratar de impedir que el Enduro se realizara sobre nuestra playa.

Que los organismos con competencia no hayan dado una respuesta capaz de detenerlo no borra lo actuado. Por el contrario, abre interrogantes muy serios.

¿Por qué, frente a tantas advertencias, denuncias y cuestionamientos, ninguna de las autoridades administrativas o judiciales competentes frenó preventivamente la intervención hasta contar con todas las garantías ambientales? ¿Por qué las presentaciones no obtuvieron una respuesta eficaz antes de que el daño pudiera producirse? ¿Quién asumirá la responsabilidad si después se comprueba que las advertencias eran fundadas?

No puedo afirmar cuáles fueron las razones de esas decisiones, pero sí tengo derecho a desconfiar, a exigir explicaciones y a reclamar transparencia. Cuando tantos organismos miran hacia otro lado al mismo tiempo, la sociedad tiene motivos para preguntarse qué ocurrió.

La defensa de la playa no pertenece a una sola fundación, agrupación o persona. Hubo vecinos, profesionales, organizaciones y representantes políticos que hicieron todo lo que estuvo a su alcance.

Y entre ellos estuvieron Gregorio Estanga y Violeta Saquilán.

Podrán haber perdido una votación. Podrán haber encontrado cerradas las puertas de los organismos que debían intervenir. Pero no callaron, no acompañaron y no fueron cómplices.

Eso también debe saberse.