Desde el Ejecutivo sostienen que la normativa vigente genera “inseguridad jurídica y limita el desarrollo de actividades productivas, en particular de la minería'. En ese marco, el proyecto apunta a redefinir el alcance de la protección ambiental y a fortalecer el rol de las provincias en la delimitación de las zonas alcanzadas por la ley.

El ambiente periglacial, eje de la discusión

Aunque el texto completo del proyecto aún no fue difundido, uno de los puntos centrales del debate es la intención del Gobierno de revisar el concepto de “ambiente periglacial”, actualmente incluido dentro de las áreas protegidas por la ley. La norma vigente define estas zonas como aquellas con suelos congelados o saturados de hielo, que desarrollan un rol clave en la regulación del recurso hídrico.

Son áreas que incluyen glaciares de escombros y suelos congelados que aportan al caudal de ríos. La ley, por el principio precautorio, obliga a proteger estas reservas.

Desde el oficialismo argumentan que no todas esas áreas cumplen una función hídrica efectiva y que su inclusión habría frenado inversiones. 

Rechazo de organizaciones socioambientales

Tras el envío del proyecto al Congreso, más de 25 organizaciones difundieron un comunicado conjunto titulado “Sin agua no hay desarrollo posible: razones por las cuales la Ley de Glaciares no debe modificarse”. Allí advirtieron que cualquier cambio en la normativa implicaría un retroceso en materia ambiental y vulneraría derechos ya adquiridos.

“Sin agua no hay producción local, trabajo ni posibilidad de vivir”, indicó Delfina del Sel, integrante de la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones. Y agregó: “Manifestarse es un derecho y estamos defendiendo el derecho más importante de la vida”. 

“La problemática de los glaciares y el derretimiento es, en realidad, la disputa del agua”, señaló Marta Maffei, ex diputada nacional e impulsora de la Ley de Glaciares

Desde la Campaña Plurinacional “La Ley de Glaciares no se toca”, señalaron que permitir actividades mineras en zonas periglaciares “es sumamente peligroso”, ya que se trata de áreas que funcionan como reservas de agua en un contexto de crisis climática. En ese sentido, alertaron que “dejar entrar a las mineras en estas áreas es garantía de destrucción de hábitats y contaminación de reservas hídricas que no se pueden regenerar”.

Las organizaciones también cuestionaron el argumento del desarrollo económico. Desde las asambleas sostienen que la megaminería no genera beneficios sostenidos para las comunidades locales y que, por el contrario, deja “contaminación, enfermedades y empobrecimiento” una vez que los proyectos se retiran.

Principio de no regresividad

Otro de los puntos señalados por los espacios socioambientales es el impacto legal de la iniciativa. Advierten que la modificación de la Ley de Glaciares podría violar el principio de no regresividad ambiental, que impide retroceder en los niveles de protección ya alcanzados.

Según remarcan, la norma ya fue sometida a control judicial y declarada constitucional por la Corte Suprema en 2019, por lo que cualquier intento de reducir su alcance representaría un retroceso en términos de derechos ambientales y compromisos internacionales asumidos por la Argentina, como el Acuerdo de Escazú.

Una de las voces más críticas respecto del proyecto del oficialismo es la de Marta Maffei, ex diputada nacional e impulsora de la Ley de Glaciares. Para ella, el debate excede largamente la discusión técnica y está atravesado por una disputa estructural por el agua. “La problemática de los glaciares y el derretimiento es, en realidad, la disputa del agua”, afirmó a El Auditor.info.

La ex legisladora recordó que el agua dulce representa apenas el 2,5% del total del agua del planeta y que cerca del 70% de esa porción se encuentra en glaciares. En ese sentido, sostuvo que “los glaciares son la mayor fuente de agua” y que debilitarlos implica comprometer el derecho a la vida de las comunidades.

Proyectos irregulares

Según explicó Maffei, uno de los objetivos de la reforma sería legitimar emprendimientos que hoy operan en condiciones irregulares. En base a mapeos internacionales y estudios científicos, advirtió que existen al menos 53 proyectos mineros y obras de infraestructura que funcionan sobre glaciares y ambientes periglaciales sin haber sido incluidos en los estudios de impacto ambiental.

“Estos proyectos están operando ilegalmente y presionan para que la ley sea modificada”, sostuvo Maffei. Y agregó: “Nadie va a la cúspide de una montaña a sacar minerales: van a la media y baja montaña, que es donde están las zonas periglaciales”.