Con este nuevo esquema, por ejemplo, el oficialismo logró la media sanción del Presupuesto 2026 (a pesar de que un capítulo fue rechazado) y de la Ley de Principio de Inocencia Fiscal. También, mediante acuerdos, se designó a los tres representantes de la Cámara baja en la Auditoría General de la Nación (AGN).
Ser primera minoría no es una condición formal ni una figura reglamentada. No otorga quórum propio ni garantiza resultados. Pero sí define quién arranca cada discusión desde un escalón más alto: quién propone el temario, quién administra los tiempos de debate en comisiones y quién tiene más margen para moldear la versión final de un proyecto antes de llegar al recinto. En una Cámara donde ninguna fuerza se acerca a la mayoría, esa diferencia mínima puede modificar el destino de una ley.
Desde la mirada de Carla Pitiot, ex diputada nacional y vicepresidenta de Fundación Éforo, el peso político de esta posición es evidente. Sostiene que “la primera minoría es un actor clave en la dinámica del Parlamento y su influencia puede ser determinante en la aprobación de proyectos y en la gobernabilidad del país”. Ese rol, afirma, se ejerce más por capacidad de conducción que por reconocimiento formal, porque lo central es ordenar consensos, tensiones y el clima de trabajo legislativo.
El politólogo Miguel De Luca coincide en que la clave no pasa por el reglamento sino por la capacidad de construir apoyos. Según su mirada, “un bloque que es primera minoría está en condiciones de construir una mayoría para apoyar la agenda del gobierno, utilizando recursos institucionales, materiales, simbólicos y temporales”. En su descripción, esos recursos incluyen desde cargos en comisiones hasta el respaldo a nombramientos o proyectos de bajo costo fiscal. Para él, la primera minoría funciona como un nodo que reparte incentivos.
Con ese lugar, La Libertad Avanza gana capacidad de iniciativa y un poder de agenda que antes estaba condicionado por la necesidad de sumar apoyos desde cero. Ahora, cada ronda de negociación empieza desde una posición más favorable. Esto implica que puede ordenar prioridades, negociar reformas sensibles con aliados circunstanciales y cerrar acuerdos con bloques provinciales que suelen definir votaciones ajustadas. Pitiot subraya que “la primera minoría influye en la agenda legislativa a través de la presidencia de comisiones clave, la negociación de dictámenes y la construcción de alianzas provinciales y nacionales”.
De Luca, por su parte, advierte que ese armado nunca es lineal y que la ausencia de quórum propio obliga a desplegar estrategias diferenciadas. Describe tres caminos posibles para cualquier oficialismo minoritario: una coalición estable, acuerdos caso por caso o la vía unilateral de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). “La negociación ad hoc en cada ley es más incierta, más costosa y con más riesgo para aprobar todo el paquete legislativo”, sostiene. En esa distinción se entiende por qué la primera minoría no resuelve el problema del número, pero sí mejora la posición de partida para timonear la inestabilidad.
El impacto se ve en la dinámica interna del Congreso. Gobernadores, bloques medios y legisladores que responden a liderazgos provinciales empiezan a calcular su estrategia con un ojo puesto en la Casa Rosada y otro en la nueva geometría del recinto. Pitiot destaca este punto al afirmar que “los gobernadores y los bloques provinciales cumplen un papel decisivo en la construcción de mayorías y la primera minoría necesita articular acuerdos con ellos para avanzar en proyectos específicos”. Esa articulación es la que explica por qué la diferencia de una sola banca puede reordenar incentivos.
De Luca complementa esta mirada con una lectura institucional más amplia: “Las negociaciones informales son parte estructural del sistema presidencial y federal argentino, donde interactúan presidentes, ministros, gobernadores y líderes provinciales para definir apoyos y contenidos de cada proyecto”. Su observación revela cómo se entrelazan niveles de poder en un Congreso que funciona como un tablero de múltiples entradas.
El debate sobre el impacto institucional de esta nueva etapa también divide miradas. Pitiot advierte que la cantidad de legisladores puede fortalecer la gobernabilidad o profundizar la dependencia de acuerdos informales si no se maneja con responsabilidad. “Es importante que la primera minoría actúe con vocación de diálogo, responsabilidad y transparencia para evitar que la gobernabilidad se vea afectada”, señala. Desde esa lógica, la posición dominante no debería traducirse en opacidad, sino en capacidad para sostener proyectos estructurales como la Ley Bases II, la reforma laboral o la reforma tributaria.
De Luca, en cambio, subraya algo que suele pasar desapercibido: “Las prácticas de negociación en Argentina están más institucionalizadas que en otros países presidenciales y federales. La política es conflicto, pero también cooperación, y esa cooperación implica intercambio”. Ambos coinciden, aun desde perspectivas distintas, en que la primera minoría es un terreno donde se juegan esos equilibrios entre norma y pragmatismo.
