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El eje principal del reclamo radica en la posible eliminación de las instancias de examen escrito y del consecuente orden de mérito de los postulantes. Las organizaciones denunciaron que 'esta modificación vacía por completo de contenido el concepto de 'concurso público de antecedentes y oposición' exigido por el artículo 49 de la Ley 26.061'. 'En el ordenamiento jurídico argentino, la ausencia de una evaluación formal y de un puntaje objetivo anula la única etapa transparente capaz de certificar la idoneidad técnica de los aspirantes', agregaron.

Y recordaron que 'en el último concurso sustanciado para este mismo cargo, más de 70 profesionales y postulantes resultaron desaprobados en la etapa de examen escrito, lo que demuestra la absoluta necesidad y el rigor de mantener una evaluación sustantiva y verificable'.

Además del plano técnico del concurso, desde Infancia en Deuda revelaron que el nuevo reglamento que pretendería La Libertad Avanza -a cargo de la comisión- 'introduce severas restricciones al monitoreo ciudadano y comunitario mediante la creación de un Registro Especial Ad Hoc'.

Sobre esto, apuntaron sobre 'barreras burocráticas y exclusión económica' ya que 'se imponen condiciones de inscripción formal que funcionan como filtros disuasorios, exigiendo declaraciones de fondos extranjeros u obligaciones de personería que marginan por completo a colectivos territoriales, asambleas de barrios populares y organizaciones de base de bajos recursos'.

También, sobre 'el poder discrecional de veto', el borrador del nuevo reglamento otorgaría a la comisión 'la potestad de rechazar o admitir organizaciones bajo criterios opacos, quebrando los estándares de control ciudadano que rigieron en los dos concursos anteriores'.

Y subrayaron que habría 'vulneración del derecho a ser oído' ya que 'la propuesta elimina la participación directa de niñas, niños y adolescentes en el proceso de selección, omitiendo las metodologías de escucha obligatorias que exige el bloque de constitucionalidad'.

'Ante este escenario de desmantelamiento institucional', las organizaciones solicitaron formalmente 'el rechazo íntegro del proyecto de reglamento', reza el comunicado del colectivo Infancia en Deuda.

A su vez, exigieron que 'se asegure un procedimiento que respete los principios de idoneidad, concurrencia y máxima transparencia pública, indispensables para afrontar el crítico contexto socioeconómico que atraviesa la niñez en todo el territorio nacional'.

Laura Musa, directora de la Fundación Sur Argentina, cuestionó la iniciativa al señalar que pretende eliminar la instancia de examen escrito dentro del concurso de oposición y antecedentes. “Alertamos sobre este nuevo reglamento impulsado por LLA porque pretende eliminar la instancia de examen escrito en el concurso de oposición y antecedentes para la designación del Defensor del Niño. Sin esa instancia, el proceso pierde su único mecanismo objetivo de evaluación: desaparece la posibilidad de comparar a los postulantes en igualdad de condiciones, de forma anónima y verificable”, afirmó.

La dirigente sostuvo además que, de aprobarse el nuevo esquema, “la selección quedaría librada a la valoración discrecional de antecedentes por parte de la propia Comisión Bicameral, lo que abre la puerta a criterios políticos en lugar de técnicos”.

“Representaría un verdadero retroceso en la calidad y autonomía del proceso de designación de la máxima figura de control en materia de políticas de infancia”, agregó.

Desde la fundación recordaron que la Ley 26.061 establece en su artículo 49 que el Defensor del Niño debe ser designado mediante un concurso de oposición y antecedentes. Según la organización, la eliminación del examen escrito y anónimo implicaría suprimir la única evaluación objetiva y verificable de la idoneidad técnica de los candidatos.

La bicameral tiene previsto reunirse este martes para aprobar cambios en el reglamento del concurso público, tras una conformación polémica de la comisión y con un reclamo del interbloque peronista de senadores respecto a los lugares otorgados que llevó a una presentación judicial. Actualmente, LLA y sus aliados tienen mayoría para aprobar las resoluciones.