VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026
En la presentación se señala que el abandono de la ruta implica una “grave falta de servicio por parte del Estado”, que expone de forma permanente la vida y la salud de quienes circulan por la traza.
El escrito advierte que el mal estado del pavimento, la ausencia de demarcación y banquinas en malas condiciones han convertido a la Ruta 3 en un corredor de alta siniestralidad. “Basta con transitarla para advertir la falta de mantenimiento y los problemas de seguridad vial”, se afirma en la demanda.
La acción judicial también incorpora el reclamo de vecinos autoconvocados que desde hace años denuncian la situación, realizaron protestas y juntaron firmas para visibilizar el problema.
El municipio destaca que la precariedad de la ruta afecta directamente la prestación de servicios esenciales, en particular el traslado de pacientes y ambulancias entre Azul, Cacharí y otras localidades. “El primer servicio comprometido es la vida y la salud”, subraya la presentación.
Perjuicios económicos
El mal estado de la traza también genera consecuencias económicas: transportes comerciales e industriales deben desviarse hacia otras rutas, con mayores costos logísticos y pérdida de oportunidades de intercambio para Azul. Asimismo, se advierte que la situación limita políticas de desarrollo y afecta el servicio de transporte público de pasajeros recientemente incorporado hacia Cacharí.
Uso permanente de la ruta
“Los vecinos de esa localidad deben usar a diario la Ruta 3 para estudiar, trabajar o recibir atención médica, muchas veces en condiciones climáticas adversas o de noche, poniendo en riesgo su integridad”, indica la demanda.
Siniestralidad y costo social
El escrito subraya que la cantidad de víctimas fatales y heridos en accidentes viales está directamente relacionada con el deterioro del pavimento y la falta de señalización. Además, los siniestros comprometen los recursos municipales, que deben destinar refuerzos al hospital local y al sistema de emergencias para la atención de las víctimas.
Peligro constante
“El estado actual de la Ruta 3 constituye un peligro constante y obliga a medidas urgentes de mantenimiento y seguridad que el Estado nacional y la concesionaria han decidido omitir”, concluye la presentación judicial.
