En términos generales, se trata de analizar la situación de cada una de las empresas a privatizar, identificar los sectores de valor y evaluar las formas más adecuadas para transferir estas actividades al sector privado. Además, existe la intención de utilizar estos activos como compensación por deudas que la nación mantiene con las provincias. La meta es compensar las deudas entre la nación y las provincias, sin dinero mediante. Se considerará el pago de deudas nacionales mediante herramientas como transferencias de empresas nacionales que operan en las provincias; acciones de empresas nacionales y terrenos fiscales. 

Por ahora, se han identificado seis mecanismos clave que serán aplicados para facilitar el proceso de transferencia de empresas públicas al sector privado. En primer lugar, se considera la oferta pública inicial (OPI) , una herramienta para captar fondos a través de la cotización en el mercado de valores. El segundo mecanismo es la concesión , que implica otorgar la gestión de ciertas empresas o unidades a terceros mediante contratos de concesión. En tercer lugar, se plantea la transformación, la venta de activos no esenciales y la cesión de unidades que no sean estratégicas. 

La cesión es otro de los métodos contemplados, y en este caso se refiere a la transferencia de empresas o activos directamente a las provincias. Por otro lado, el cierre de empresas es una opción en aquellos casos en que los activos no sean viables de mantener o transferir. Este mecanismo incluye el cierre operativo de la empresa o su liquidación. Finalmente, se promoverá la incorporación de socios estratégicos a través de contratos asociativos.