El proyecto había sido aprobado en el Senado el 4 de septiembre y también tuvo mayoría en Diputados el 8 de octubre pasado, pero la ayuda de aliados provinciales le dio una oportunidad al oficialismo: en el voto artículo por artículo, le faltaron dos votos a la oposición para sancionar el artículo 3, que establecía que el Congreso debería expedirse sobre todos los DNUs antes de los 90 días perdería vigencia. Como la norma sufrió una modificación, el proyecto regresó a la Cámara de origen, en este caso la de senadores.
A esa sorpresiva situación le llegó otra particularidad en la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales que dictaminó el proyecto: la peronista Florencia López acompañó la iniciativa impulsada por radicales y provincialistas pero con una firma en disidencia. Además, advirtió sobre las posibles consecuencias de 'insistir sobre el mismo texto sin escuchar'. Su postura hizo crecer los rumores de un posible acuerdo entre el justicialismo y el libertarianismo por cargos en la Justicia.
La propuesta ahora debe ser tratada en el recinto y es un interrogante si la oposición convocará a una sesión antes del recambio parlamentario. Las posibilidades de que la ley resista aunque sea aprobada en ambas cámaras es casi nula: Javier Milei ya anticipó que la vetará (bajo el argumento que representa 'cambiar las reglas de juego con el partido empezado') y el Congreso volvería a tratar el proyecto con su nueva composición, cuando La Libertad Avanza ya tenga un tercio asegurado.