--°C

Desde la AJB, organización comprometida con una justicia transparente e independiente, sostienen que permitir su renuncia en este contexto implicaría facilitar una vía de escape a la rendición de cuentas y consagrar un acto de impunidad institucional, atentando contra la confianza pública y la responsabilidad de quienes ejercen funciones judiciales.

La asociación señala que el gobernador de la provincia tiene la facultad de no aceptar la dimisión, incluso cuando todavía no se haya alcanzado el punto en que la ley lo prohíbe expresamente. Mientras la renuncia no sea aceptada formalmente, la jueza sigue sujeta al proceso de remoción y a las responsabilidades de su cargo.

Además, el gremio recuerda que el juicio político cumple una función esencial dentro del sistema republicano, más allá de la destitución: permite la evaluación y el control del desempeño de los jueces por parte de la ciudadanía. Esa función no puede reemplazarse con un proceso penal, ya que tienen naturalezas distintas.

Argumentos

Por otra parte, la AJB recuerda que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado que la renuncia de una jueza es un acto complejo que requiere, para su validez, la aceptación del Poder Ejecutivo. No se trata de un trámite automático, sino de una decisión que debe sopesarse en función del bien público.

Evitar la impunidad

Por último, la AJB advierte que aceptar la renuncia dejaría abierta la posibilidad de que Makintach vuelva a ejercer cargos públicos en el futuro, algo que sería imposible si fuera formalmente destituida. Por ese motivo, reclama que la renuncia no sea aceptada y que el juicio político siga adelante. (