Según la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), la importación de ropa usada ascendió a USD 2,2 millones. El origen de estas prendas está repartido: un 46% suele provenir de Estados Unidos; un 27%, de Pakistán; y un 14%, de China. El resto se reparte entre Corea, Turquía, Italia y España.

El ingreso de ropa usada al país se daba, en primera instancia, por la existencia de un vacío legal. Pero a eso se sumó un decreto que firmó el presidente Javier Milei. Desde 1999 existía una prohibición para la importación de ropa usada, dictada en el marco de disposiciones del Mercosur, que buscaba proteger la industria textil y la salud pública, en un plazo de cinco años.

La medida fue prorrogada sucesivamente por los distintos gobiernos. En 2005, se emitió la Resolución Nº 367/2005 a través del Ministerio de Economía y Producción, que prorrogó la prohibición de importar mercaderías usadas (prendas de vestir y otras) hasta el 30 de junio de 2010. 

Ese año, Cristina Fernández de Kirchner firmó el Decreto 2112/2010, que extendió la prohibición basada en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur. En 2017, a través del Ministerio de Producción se firmó el Decreto 333/2017 para poder extender la prohibición por otros cinco años, hasta diciembre de 2022, cuando ya no se prorrogó. Esa falta de normativa generó el vacío legal para que exista la posibilidad de importar ropa usada.

Pero en 2025 Milei firmó el Decreto 1/2025 de Residuos no Valorizados para su importación, tránsito y exportación. Estos residuos son material descartable que no es tóxico y que se puede reutilizar. La reutilización puede ser por reciclado o por una transformación para obtener un valor económico. Sin embargo, en la práctica daña al medioambiente, provoca riesgos sanitarios y afecta a la industria textil.

En comunicación con El Auditor.Info, Graciela Camaño, abogada especialista en derecho ambiental y ex diputada nacional, señala que “con legislaciones de este tipo, los países que no tienen suficientes recursos primarios pueden acceder a insumos a menor costo comprando residuos valorizables. Pero ese no es el caso de Argentina”.

“En la práctica, el material termina siendo basura que el país importador debería gestionar, o sea, que el país rico le transfiere el costo ambiental al país pobre. En ambientalismo a eso se le llama waste colonialist o colonialismo de residuos”, agrega.

Camaño también explica que el material que se envía es declarado como no peligroso, pero se lo mezcla con residuos no calificables o con contaminantes. “Cuando los residuos valorizados llegan muy baratos, destruyen la cadena del reciclaje nacional y generan una competencia desleal con los recicladores locales”, apunta.

“Además, cuando la clasificación de estos productos es manual y se expone a los trabajadores a los polvos, a los hongos, a textiles en mal estado y a contaminantes químicos puede haber peligro sanitario”, resume.

Desde Fundación Pro Tejer expresan a El Auditor,info que “el crecimiento en 2025 es exponencial: eso hace que la ropa usada hoy represente el 11,55% del valor y el 10,89% del volumen total de las importaciones de indumentaria”.

Y agregan que “el 84% del ingreso se concentró en la Aduana de Jujuy, con procedencia mayoritariamente chilena y específicamente del Desierto de Atacama. Por tener una estructura de importadores fragmentada, integrada en gran parte por operadores de pequeña escala y reciente constitución, se dificulta la trazabilidad y el control efectivo de los flujos”.

También mencionan que “cuando los volúmenes de ingreso superan la capacidad de clasificación, higienización y reciclaje, millones de prendas -en su mayoría de fibras sintéticas como el poliéster- terminan acumulándose como basura textil. Estas fibras no son biodegradables, liberan microplásticos y contienen químicos que dificultan su incineración y tratamiento seguro, generando impactos ambientales persistentes y de largo plazo”.

En cuanto al rubro textil, la fundación dice que “esta dinámica genera competencia desleal frente a la producción nacional, al ser mercadería descartada en otros mercados, que ingresa a precios imposibles de igualar. Lo que se presenta como una opción de bajo costo para el consumidor se termina trasladando en impactos ambientales, sociales y económicos de mayor escala”.

Sobre el riesgo sanitario especifican que “los textiles usados pueden contener hongos, ácaros, bacterias, agentes alérgenos y residuos químicos cuya detección y remoción requieren procesos industriales específicos que hoy no son exigidos como condición de ingreso al país”.

“Cuando estas prendas no se venden y se descartan localmente, el costo de su gestión recae sobre municipios y provincias, trasladando al Estado argentino la carga ambiental y fiscal de residuos que ingresan ya en condiciones de descarte, y que afectan de manera particular a sectores vulnerables”, concluye la Fundación Pro Tejer.

El caso chileno

En Chile, puntualmente en el desierto de Atacama, el fast fashion o ropa de temporada generó un mega basural. El ingreso de estas prendas lo convirtió en uno de los vertederos de ropa usada que más crece en el mundo. La causa de tales cantidades se da por la producción en masa de prendas de vestir baratas y elegantes (moda low cost) conocidas por durar una sola temporada en términos de calidad y por los tiempos actuales de poca duración que tienen las tendencias en todo el mundo. El fenómeno generó una gran cantidad de residuos por lo que las Naciones Unidas lo consideran una “emergencia medioambiental y social” para el planeta.

Graciela Camaño sentencia que: “Atacama fue una traición: los grandes de la moda tomaron una parte del territorio chileno para tirar basura. Moda que se hace para ser usada una sola temporada”.

Durante casi cuatro décadas, Chile fue el principal importador de ropa de segunda mano en América Latina, lo que alentó el comercio de ferias de usados en negocios a lo largo del país. La ropa que no es elegida para su reventa no solo queda como descarte, sino que tampoco puede salir por la aduana. Tampoco puede ser devuelta al país de origen y se acumula en la zona de Alto Hospicio como un basural a cielo abierto. 

Al menos 39.000 toneladas terminan como basura escondida desierto adentro, en el norte de Chile, en la comuna de la provincia de Iquique en la región de Tarapacá donde se registran altos niveles de pobreza y vulnerabilidad