El Gobierno nacional anunció que duplicará los fondos que envía mensualmente a la provincia de Córdoba para cubrir el déficit de su caja de jubilaciones no transferida. La decisión fue confirmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien adelantó que los giros de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pasarán de 5.000 a 10.000 millones de pesos por mes para la administración provincial.
El anuncio se produjo antes del vencimiento del acuerdo anual firmado entre la Casa Rosada y la provincia gobernada por Martín Llaryora, que había sido sellado en el marco de un expediente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Según explicó Caputo durante una exposición en la Fundación Mediterránea, el nuevo monto regirá mientras el organismo previsional continúa evaluando cuál es el nivel de financiamiento que corresponde cubrir.
La decisión se conoció luego de la llamativa ausencia de tres diputados cordobeses en la sesión de la Cámara de Diputados en la que se debatió la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Entre los legisladores que no participaron estuvieron Juan Schiaretti, Alejandra Torres e Ignacio García Aresca. Desde distintos sectores señalaron que, de haber estado presentes y votado en contra del proyecto, podrían haber complicado la aprobación de algunos artículos clave.
Entre los puntos discutidos durante el debate se encuentra la creación del Fondo para Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo para financiarle despidos a los empleadores bajo la órbita de la Comisión Nacional de Valores, los ministerios de Economía y de Capital Humano, una especie de «subsidio para empleadores». Pero además, el fondo podría tener impacto en los recursos que la Nación debe girar a las cajas de jubilación provinciales no transferidas.
Desde el gobierno cordobés indicaron que analizarán el nuevo esquema de financiamiento, aunque señalaron que la cifra anunciada coincide con el monto que la provincia venía reclamando. También remarcaron que el acuerdo deberá quedar incorporado dentro del expediente judicial que tramita en la Corte Suprema y no podrá instrumentarse por fuera de ese proceso.
Actualmente existen trece cajas previsionales provinciales que no fueron transferidas al sistema nacional, entre ellas las de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones y Córdoba. Varias de estas jurisdicciones presentaron reclamos judiciales para exigir el cumplimiento de la normativa que obliga a la Nación a compensar los déficits. En ese marco, durante la gestión del presidente Javier Milei ya se alcanzaron acuerdos con provincias como Entre Ríos, La Pampa, Misiones y la propia Córdoba.
