El contraste con la información oficial del Gobierno de la Ciudad es notorio: mientras que el último relevamiento porteño, de noviembre de 2024, contabiliza 4.049 personas en situación de calle (1.236 en plena calle y 2.813 en paradores), las organizaciones sociales dieron por triplicada esa cifra. Desde 2017 realizan sus propios censos ante las diferencias metodológicas con el GCBA que, por ejemplo, excluye a quienes duermen en albergues no estatales o en autos.

ESTADO DE ALERTA 
La emergencia humanitaria se agravó este invierno, con al menos 63 muertes por frío en todo el país, de las cuales 13 ocurrieron en CABA. El CELS advirtió sobre las consecuencias del Decreto 373/25 firmado por el presidente Javier Milei, que no solo estableció cambios en la ley que protege los derechos de las personas en situación de calle, sino que también resolvió transferir a las provincias la responsabilidad total en la gestión de las políticas para personas en situación de calle. “El Ejecutivo solo supervisará y, eventualmente, podrá financiar las jurisdicciones locales que lo necesiten”, remarcó el organismo de derechos humanos.

Desde las organizaciones advirtieron un preocupante aumento de personas mayores en situación de calle, así como también un crecimiento de esta problemática dentro de los barrios populares, donde muchas personas migran para dormir ante el incremento de la violencia institucional ejercida por la policía y personal de Espacio Público. Si bien reconocen la importancia de atender la emergencia, garantizando acceso a centros de inclusión frente a las bajas temperaturas, también denunciaron una política represiva por parte del Gobierno porteño, que se refleja en el desalojo sistemático de ranchadas en distintos puntos de la ciudad.

Además del desamparo estructural, crecen las denuncias por violencia institucional contra personas sin techo en la ciudad de Buenos Aires. Agentes porteños las echan de los lugares donde duermen, les quitan sus pertenencias, realizan requisas irregulares e incluso detenciones arbitrarias. “Es un cambio preocupante desde 2024 en adelante, de abordar problemas sociales en términos de orden y limpieza”, señalaron desde las organizaciones participantes del censo.

Por redes sociales, los organizadores del Censo Popular reclamaron al Gobierno de la Ciudad una serie de medidas urgentes para atender la crisis habitacional. Instaron al 'estricto cumplimiento de la Ley 3.706', exigieron 'garantizar la demanda espontánea para el ingreso a todos los dispositivos de CABA', así como jerarquizar el decreto 690/06 'transformándolo en una ley de asistencia habitacional', y por último, 'decretar la emergencia en situación de calle y adicciones en todo el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires'.