Porretti cuestionó además la ausencia histórica de una planta de tratamiento de efluentes y la falta de control sobre el funcionamiento del sistema actual. Señaló que, aunque se hayan iniciado obras, persisten problemas graves vinculados al mantenimiento de las lagunas y al rol del municipio como autoridad de control sobre la CALP. En ese sentido, remarcó que la responsabilidad no puede ser trasladada exclusivamente a la concesionaria y que el Estado local tiene la obligación de supervisar, sancionar o incluso rescindir contratos ante incumplimientos.

El dirigente aportó también datos que, a su entender, reflejan el desorden estructural del sistema sanitario: más de 40 mil conexiones eléctricas frente a apenas 19 o 20 mil conexiones cloacales. Indicó que más de la mitad del distrito no cuenta con cloacas y que, incluso en los sectores conectados, los efluentes no son tratados en una planta, sino que terminan en lagunas de derrame. El resto de la población depende de pozos que, según advirtió, se encuentran saturados, lo que obliga a un uso intensivo de camiones atmosféricos, especialmente en localidades como Cariló.

Finalmente, Porretti encuadró la situación en una problemática ambiental de mayor alcance. Advirtió que el avance de la construcción afectó el sistema de médanos, que funciona como reservorio natural de agua dulce, y que la contaminación de los pozos agrava ese escenario. “Estamos encerrados: de un lado el mar, del otro la cuenca salobre del Salado, y en el medio una reserva lenticular de agua dulce que está llegando a su límite”, describió. Y planteó un interrogante que sintetiza el debate de fondo: cómo sostener el crecimiento urbano y turístico sin infraestructura básica, sin planta de tratamiento y sin controles efectivos sobre un sistema sanitario que muestra signos de colapso.