En 2004, un grupo de habitantes de la Cuenca Matanza Riachuelo presentó una demanda contra el Estado nacional, de la provincia de Buenos Aires, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y 44 empresas. Reclamaban por la recomposición del ambiente de la zona, la creación de un fondo para financiar el saneamiento del curso hídrico y un resarcimiento económico por daños y perjuicios.

Así se originó la causa “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros”, por daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza – Riachuelo. La demanda se amplió hacia los 14 municipios bonaerenses por los que se extiende la Cuenca.

4 años después, el 8 de julio de 2008, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) dictó un fallo histórico donde determina su saneamiento. Obliga a la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) a mejorar la calidad de vida de la población de la zona, recomponer el ambiente en todos sus componentes (agua, aire y suelo), y prevenir futuros daños. 

Hoy, a 16 años del dictado del fallo, lejos se está del estado en que se encontraba el curso de agua en su punto de partida. Sin embargo, aún hay mucho camino por recorrer. Desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) afirmaron: “En el actual escenario inflacionario y sin presupuesto actualizado, ACUMAR no podrá desarrollar acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las mandas que integran la condena”. 

Defensores ambientales

Allá por 2008, la CSJN encomendó la creación de un Cuerpo Colegiado, cuya función es controlar los avances del plan de saneamiento de la Cuenca. Al mismo lo conformaron la Defensoría del Pueblo de la Nación y cinco organizaciones de la sociedad civil: la Fundación Greenpeace Argentina, FARN, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Vecinos de La Boca, y la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH). 

Las últimas 4 agrupaciones entregaron un documento a la Corte el 17 de junio pasado, en respuesta al pedido de que analicen el último informe presentado por ACUMAR. Allí definieron que “el accionar de ese organismo resulta insuficiente a efectos de satisfacer los requerimientos del fallo”. 

Especificaron que el documento relata las gestiones que realiza ACUMAR, pero no  indica sus resultados. “Se limita a señalar que se retiraron cascos y buques abandonados que había en las riberas, que se sembró pasto en las barrancas más expuestas al público, que se procura recolectar los residuos que flotan en las aguas y que se acercaron soluciones a aproximadamente un 40% de los problemas habitacionales”, explicaron. 

Sin embargo, aseguraron que no da cuenta sobre mejoras en la calidad de vida de les habitantes, la prevención de daños futuros, ni a la recomposición de las aguas, el aire y los suelos. En ese sentido, destacaron la importancia de un sistema de indicadores que mida cada arista. 

Manifestaron que el empleado por la ACUMAR “apenas refleja de manera parcial y fragmentada la complejidad que implica la medición del cumplimiento de las mandas fijadas por la Corte Suprema en el año 2008”. Y que, de todas formas, los indicadores que presentó la Autoridad de Cuenca en el último informe dejan ver el bajo nivel de ejecución del plan de saneamiento.

Al momento de dictar el fallo, el máximo Tribunal estableció para la ACUMAR la puesta en marcha de un programa de información pública; cesación de la contaminación de origen industrial; saneamiento de basurales; limpieza de los márgenes del río; expansión de la red de agua potable; extensión del sistema de desagües pluviales y saneamiento cloacal. 

En el documento que entregaron las 4 organizaciones que conforman el Cuerpo Colegiado, se refirieron al estado en que se encuentra cada cuestión. Acerca del acceso a la información por parte de les habitantes, pidieron que las audiencias públicas no se hagan solo en años electorales o cuando se acerca el aniversario del fallo, sino de forma periódica.

Uno de los grandes problemas de la Cuenca Matanza Riachuelo es la contaminación de origen industrial. “Esas falencias resultan de la normativa vigente”, denunciaron en el documento, y aseguraron que no se resolvieron con listas de agentes contaminantes ni con el régimen de seguimiento particular impuesto a algunos de ellos. 

Tampoco consideraron suficiente las inspecciones que pueda practicar ACUMAR ni la aplicación de multas, que suelen ser “inferior al costo que demandaría modificar los procesos que han causado las infracciones”.

Sobre la calidad del agua, a partir de datos del Centro de Tecnología del Instituto Nacional del Agua, indicaron una total ausencia de oxígeno disuelto en las mediciones más recientes. A su vez, manifestaron que la cuenca baja del Riachuelo tiene la contaminación más alta de toda la Cuenca.

Y entre otras cosas, se refirieron a los problemas habitacionales, que ACUMAR asegura haber reparado en un 40% hasta ahora.  “De lo expuesto por la propia ACUMAR en su presentación ante la CSJN el 22/05/2024, surge que el cumplimiento de esta manda se encuentra muy lejos de haberse alcanzado”. 

Despidos y desfinanciamiento: nuevos problemas para la Cuenca Matanza Riachuelo 

Sin embargo, a lo largo del documento las organizaciones hicieron referencia en varias ocasiones a las dificultades que atraviesa ACUMAR para cumplir sus tareas. “Para que los derechos ambientales no se tornen ilusorios, es crucial que el saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo sea considerado una auténtica política de Estado y, en consecuencia, cuente con el presupuesto necesario”, afirmaron sobre la falta de fondos que sufre el organismo.

A su vez, nombraron la eliminación o desjerarquización de diferentes dependencias de ACUMAR, que se encargaban de la evaluación de informes de impacto ambiental, de asuntos judiciales, monitoreo, entre otras. “Es prácticamente imposible continuar el cumplimiento de esta manda y colocar plazos más exigentes si se suprimen o reducen áreas directamente vinculadas al monitoreo ambiental de la Cuenca”, continuaron. 

Como en otros organismos públicos, durante el pasado mes de abril 250 trabajadores de ACUMAR fueron sumariados por supuesto ausentismo; en mayo se despidió a 64 empleades de ese total. 

Nota al Pie dialogó con la delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en la Autoridad de Cuenca, Débora Frites. Ella aseguró que “todas las faltas que se les acusa han sido justificadas debidamente con el trabajo de campo”, ya que se trataba de personal territorial. 

“Sólo la Corte Suprema puede y debe adoptar una decisión para revertir este cuadro de situación”, advirtieron desde FARN sobre el desguace de ACUMAR.