Dos decretos publicados hoy en el Boletín Oficial disponen un aumento de fondos para el sistema ferroviario equivalente a los niveles reales de 2023. Como contrapartida, habilitan a dar de baja cualquier compra o licitación, modificar servicios y frecuencias, realizar una «reorganización empresarial» y «atraer inversiones». ¿Vía libre a la privatización?

El proyecto de Ley Bases todavía no es ley: como el Senado realizó distintas modificaciones, debe volver a tratarse en la Cámara de Diputados, donde podría aprobarse con cambios o volver a la versión original, más ambiciosa, si el Gobierno encuentra apoyos suficientes.

Entre los cambios realizados está el retiro de Radio y Televisión Argentina (TVP y Radio Nacional), el Correo Argentino y Aerolíneas Argentinas de la lista de empresas a privatizar. Todas estas fueron objeto de exitosas campañas de presión por parte de los gremios y gobernadores de provincia, preocupados por el impacto sobre el servicio postal o la conectividad aérea. 

No fue el caso de los ferrocarriles, notoriamente ausentes del debate parlamentario y de la agenda de los gobernadores, y en que la conducción de los gremios mayoritarios tuvo una actitud por demás prudente, incluso llegando a destacar su apertura para volver a trabajar con concesionarias privadas.

Otra modificación consentida por el oficialismo para lograr la aprobación en general es el compromiso –de improbable fuerza de ley– de retomar las obras públicas que superen el 80% de ejecución o cuenten con financiamiento internacional, situación que abarca a buena parte de las principales obras ferroviarias paralizadas, como la extensión de la línea Belgrano Sur a Constitución y posterior electrificación, la renovación de vías de la línea Mitre o el postergado proyecto de renovación y electrificación de la línea San Martín, crédito que el Gobierno pretende redestinar a programas sociales.

Sea cual fuere la versión que apruebe Diputados, las dos operadoras ferroviarias estatales quedarán legalmente preparadas para la concesión de los servicios al sector privado –repitiendo el modelo de la década de 1990– o incluso la venta completa de su patrimonio. La ley 27.132 de Ferrocarriles Argentinos sancionada en 2015, que el actual proyecto no modifica ni deroga, no impide la participación de operadores privados en el sistema ferroviario –de hecho, la prevé, en un régimen de acceso abierto–, pero establece el principio de administración estatal indelegable de la infraestructura y de los sistemas de control de circulación de trenes.