Entre las empresas afectadas aparece PowerChina, que ya tiene en Argentina una inversión cercana a los 1.000 millones de dólares en cinco parques eólicos y cuatro solares.
El criterio de exclusión no es nuevo: el Gobierno de Javier Milei ya lo había aplicado en las licitaciones de la Hidrovía del Paraná —donde quedaron fuera las empresas de dragado con participación estatal— y en las concesiones viales. La norma no les impide a estas compañías actuar como subcontratistas, pero sí les veda ser operadoras o contratistas principales.
La decisión adquiere especial relevancia por la magnitud del proyecto AMBA I, que prevé 270 kilómetros de nuevas líneas de alta tensión, una inversión estimada en 800 millones de dólares y la incorporación de 2.000 MW de capacidad para reforzar la red del área metropolitana, que concentra cerca del 40% de la demanda eléctrica del país.
Además, esta obra es la primera de un paquete de 16 proyectos de transporte eléctrico que requerirían inversiones superiores a los 6.600 millones de dólares, por lo que el precedente sienta un criterio clave para la futura participación china en la infraestructura energética argentina.
El contexto internacional agrega tensión: la exclusión se da en medio de una creciente disputa entre Washington y Beijing por su influencia en sectores estratégicos argentinos, como quedó evidenciado en las recientes presiones denunciadas por la cooperativa neuquina CALF para que abandonara un acuerdo con Huawei, y la posterior protesta de la Embajada china.
Lo llamativo es que empresas chinas habían avanzado, durante gobiernos anteriores, en preacuerdos para invertir en AMBA I, que por diversas razones nunca se concretaron. Ahora, el pliego cierra esa puerta.
