El diputado cordobés presentó un proyecto que establece un marco legal integral para el desarrollo y uso de la inteligencia artificial en Argentina. La iniciativa prohíbe determinadas aplicaciones, crea obligaciones de transparencia y reconoce derechos específicos para las personas afectadas por decisiones automatizadas.
La iniciativa fue girada a las comisiones de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; Legislación General; y Derechos Humanos y Garantías. Propone establecer reglas para todos los actores que desarrollen, comercialicen o utilicen sistemas de IA en el país, tanto en el sector público como en el privado.
Uno de los aspectos centrales del proyecto es la clasificación de los sistemas de inteligencia artificial según el nivel de riesgo que puedan representar para las personas. La propuesta divide las aplicaciones en tres categorías: riesgo inaceptable, riesgo alto y riesgo limitado.
Entre las herramientas que quedarían directamente prohibidas figuran los sistemas destinados a manipular conductas de personas vulnerables, los mecanismos de "puntuación social" que clasifiquen ciudadanos según comportamientos o características personales y las aplicaciones que generen imágenes, voces o representaciones sexuales de una persona sin su consentimiento. También se restringe el uso de sistemas de identificación biométrica remota en tiempo real, salvo excepciones específicas vinculadas con investigaciones judiciales o amenazas graves para la seguridad pública.
Para los sistemas considerados de alto riesgo, el proyecto establece requisitos más estrictos. Entre ellos, la inscripción obligatoria en un registro nacional, la realización de evaluaciones de impacto sobre derechos humanos antes de su puesta en funcionamiento y controles durante toda su vida útil. En este segmento quedarían comprendidos sistemas utilizados en educación, salud, empleo, servicios públicos, infraestructura crítica, migraciones e identificación biométrica a gran escala.
La iniciativa además incorpora una "carta de derechos" para quienes interactúen con sistemas de inteligencia artificial. Entre ellos figuran el derecho a ser informados cuando se utilice una herramienta automatizada, a conocer los criterios detrás de una decisión tomada por IA y a solicitar la intervención de una persona cuando una resolución automatizada tenga efectos significativos sobre sus derechos o intereses.
Otro de los puntos destacados es la obligación de identificar claramente los contenidos generados o modificados mediante inteligencia artificial. Textos, imágenes, audios o videos producidos total o parcialmente por estas herramientas deberían contar con mecanismos visibles o audibles que permitan reconocer su origen. La misma exigencia alcanzaría a productos y servicios que utilicen IA para interactuar con usuarios o tomar decisiones que los afecten.
El proyecto designa al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) como autoridad de aplicación y prevé la creación de un Consejo Asesor de Inteligencia Artificial, integrado por especialistas de distintos ámbitos, para analizar impactos éticos, sociales y jurídicos de estas tecnologías.
En materia de sanciones, la propuesta contempla multas, suspensión o prohibición de sistemas que incumplan la normativa y habilita acciones judiciales para que las personas afectadas por el uso indebido de inteligencia artificial puedan reclamar indemnizaciones. Además, declara nulas las cláusulas de contratos que obliguen a consumidores argentinos a litigar en tribunales extranjeros por conflictos vinculados con servicios de IA.
En los fundamentos, Brügge sostiene que la inteligencia artificial ofrece enormes oportunidades para el desarrollo económico y social, pero advierte que su expansión exige reglas claras para evitar abusos. El legislador señala que el proyecto toma como referencia experiencias internacionales, especialmente la regulación europea basada en niveles de riesgo, aunque adaptada al marco constitucional argentino.
La iniciativa prevé una entrada en vigencia escalonada: la mayor parte del régimen comenzaría a regir seis meses después de su publicación, mientras que las exigencias específicas para los sistemas de alto riesgo tendrían un plazo de adecuación de dos años.
