Luego del largo fin de semana de Carnaval, la semana comenzó con sacudidas en todo el arco político. Después de un periodo de inactividad en el debate público, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner apareció en escena y criticó las medidas económicas del gobierno de Javier Milei. 

El análisis de una de las principales líderes políticas de los últimos años fue plasmado a través de un documento de más de 30 páginas, donde repasó los ciclos históricos de endeudamiento que experimentó Argentina.

El comunicado de Cristina Kirchner

En su diagnóstico, la exmandataria llega a la conclusión de que la situación económica actual se trata de una crisis de deuda, provocada a partir del acuerdo por 45.000 millones de dólares que el expresidente Mauricio Macri firmó con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En este marco, denunció que el programa económico de ajuste de La Libertad Avanza (LLA) retroalimenta el espiral inflacionario y terminará provocando desocupación y desesperación social. 

En el documento, Fernández de Kirchner caracteriza al actual ministro de Economía, Luis Caputo, como un “funcionario reciclado” que insiste en ejecutar “políticas fracasadas”, en referencia al rol central que tuvo Caputo en el Gabinete del gobierno macrista.

Por su parte, Caputo no dejó pasar estas acusaciones y se defendió afirmando que toda la deuda contraída en el período 2015-2018 fue para solucionar los problemas de déficit fiscal que heredó de la gestión de la expresidenta.

De hecho, el enorme endeudamiento en moneda extranjera, del que Caputo fue partícipe, se utilizó para financiar la fuga de capitales. Además, las consecuencias de esa medida todavía se sienten, ya que el FMI tiene un gran peso sobre la Argentina. 

A ello se suma la actual participación de Caputo, ex titular del Banco Central y ministro de Finanzas durante el gobierno de Mauricio Macri, y quien hoy se desempeña como ministro de Economía de un modelo que profundiza el ajuste a los sectores populares y la caída del valor de los salarios.

La inflación de enero

La cifra de inflación es testigo de esto. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) reveló que el aumento de precios fue de 20,6% en enero, unos puntos por debajo de la cifra de diciembre (25,5%) que se explicaba en gran parte por la devaluación de la moneda.

Ahora, la inflación es presionada por los aumentos en transporte (tarifas y combustible), alimentos, servicios de comunicación y salud privada. Todas consecuencias de las medidas del gobierno: de la quita de subsidios y la desregulación absoluta de los precios.

En ese sentido, la situación del transporte público es crítica, teniendo en cuenta que es un fuerte golpe a los ingresos de las clases trabajadoras. Al aumento de tarifas de colectivos y trenes se le suma el subterráneo y los peajes: el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires propuso un incremento del 505,6% y 237,5% respectivamente.

Por otro lado, crece la tensión de Nación con les gobernadores por la suspensión de los subsidios al transporte público en las provincias. Frente a esta decisión, intendentes de más de 40 distritos del Interior impulsan un reclamo judicial por el incumplimiento del Pacto Fiscal y plantean como alternativa la coparticipación del Impuesto al Combustible.

A este caldo de cultivo se le suma la cuestionada decisión del gobierno de recortar los fondos destinados a la educación. Esto se dio a partir de la eliminación del Fondo Nacional del Incentivo Docente, el cual contribuye al salario de les trabajadores de la educación de todo el país. Además, se recortaron los recursos para comedores escolares y capacitaciones.

Tras la resistencia de Milei de garantizar una negociación salarial a nivel nacional, que ponía en riesgo el inicio de clases, la Secretaría de Educación convocó a los gremios docentes a una paritaria para definir el salario mínimo del sector.

En cuanto a la discusión sobre el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVyM), no hubo acuerdo luego de cuatro horas de debate en el Consejo del Salario. Por este motivo, el Poder Ejecutivo podría determinar el monto de aumento por decreto.

A menos de tres meses de la asunción presidencial, el gobierno libertario demuestra la poca capacidad de diálogo y acuerdo con los distintos actores de la política y la sociedad argentina. Sin posibles soluciones a la vista, este proceder sólo parece conducir al agravamiento de la situación económica.