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La iniciativa propone derogar artículos centrales de la Ley 27.828, sancionada este año, y recuperar un esquema de beneficios que garantizaba a los usuarios residenciales el acceso a cuadros tarifarios equivalentes al 50% de las tarifas plenas de gas natural y gas propano distribuido por redes.

Según el texto, el objetivo es restituir el carácter residencial del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas y asegurar que el descuento alcance no solo al precio del gas, sino también a los componentes de transporte y distribución que integran la factura. 

La propuesta establece que el beneficio se aplicará durante todo el año, sobre la totalidad del consumo de los hogares alcanzados y sin condicionamientos vinculados a ingresos, patrimonio o inscripción en esquemas generales de subsidios energéticos. Asimismo, plantea que la pertenencia territorial y la categoría residencial del suministro sean suficientes para acceder al régimen.

Los autores sostienen en los fundamentos que la Ley 27.828 modificó sustancialmente el sistema vigente al reemplazar las compensaciones tarifarias directas por un esquema de bonificaciones sobre el precio del gas, dejando fuera componentes relevantes de la factura. En ese sentido, advierten que, aun manteniéndose la cobertura territorial, los usuarios podrían enfrentar aumentos significativos en sus boletas.

En el proyecto se afirma que especialistas estiman incrementos de entre el 20% y el 30% en las provincias patagónicas como consecuencia de la eliminación de las bonificaciones sobre el transporte y la distribución. Los impulsores consideran que la reforma impulsada este año implica un recorte de la protección histórica destinada a las zonas con mayores necesidades de calefacción. 

La iniciativa también busca reforzar la intervención del Congreso en la definición de estos beneficios. Para ello incorpora una cláusula de "reserva de ley", mediante la cual cualquier modificación, ampliación, reducción o eliminación del régimen deberá contar con aprobación legislativa y no podrá ser dispuesta por el Poder Ejecutivo.

En materia de financiamiento, el proyecto restablece un recargo del 7,5% sobre el gas natural comercializado en el país para sostener el fondo fiduciario y elimina excepciones incorporadas por la legislación vigente para determinados volúmenes destinados a exportación o vinculados al gas natural licuado importado y regasificado. Además, prevé que, en caso de resultar insuficientes los recursos del fondo, el Tesoro Nacional aporte partidas complementarias.

Los autores remarcan que la calefacción en la Patagonia, Malargüe y la Puna constituye una necesidad básica derivada de las condiciones climáticas y que la compensación tarifaria debe entenderse como una política territorial permanente, independiente de los esquemas de asistencia social focalizada. Por ello, sostienen que "la calefacción de los hogares patagónicos no puede convertirse en una variable de ajuste".

El proyecto será analizado por las comisiones de Energía y Combustibles; Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia; y Presupuesto y Hacienda.