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La crisis que golpea al sector nuclear argentino ya no se limita a una disputa administrativa o presupuestaria. El frenazo de proyectos como el reactor modular CAREM, las dificultades para sostener programas de investigación y las denuncias de desfinanciamiento en la Comisión Nacional de Energía Atómica colocan en el centro del debate el futuro de una actividad que durante décadas posicionó a la Argentina entre los países con mayor desarrollo nuclear de América Latina.

Para atender esa crisis, la Comisión de Economía que preside la diputada Julia Strada convocó este martes a una reunión bajo el título “Situación del sector nuclear: implicancias económicas”, en la que expusieron numerosos invitados que expusieron sobre la situación imperante en el área. No se hicieron presentes representantes del oficialismo.

Ignacio Cortez, integrante del Grupo Física Estadística e Interdisciplinaria de la CNEA, delegado de ATE, arrancó recordando que “Argentina es un país que domina la energía nuclear y la estamos perdiendo. Están desmantelando el plan nuclear argentino”. Dio detalles de las ventajas de la energía nuclear, a la que consideró “una de las más baratas”, recordando que “es amigable con la naturaleza”.

Consideró que “la generación nucleoeléctrica es un negoción”, pero advirtió que al paso que vamos “dejará de ser una opción conveniente para ser imprescindible para el desarrollo”. Remarcó que nuestro país “invirtió 76 años en su dominio; la inversión de base está realizada y pertenecemos al selecto 3% de los países del mundo con rectores de inversión propios”, y denunció que “esa inversión está siendo destruida, le están quitando al pueblo argentino el dominio de la energía nuclear”.

“La actual  gestión está destruyendo las capacidades que ya tenemos  y corremos el riesgo de regalar tremendo negocio. Es nuestra soberanía energética la que está en riesgo”, sostuvo.

A continuación, Rodolfo Kempf, físico e investigador de la CNEA, sostuvo que nuestro país viene incumpliendo una de las tareas pactadas internacionalmente que es la extensión de vida de la central nuclear Atucha I, y responsabilizó de eso al asesor presidencial Demian Reidel, al que vinculó con casos de corrupción y caracterizó como “el caballo de Troya de la destrucción del plan nuclear de la Argentina”.

Kempf alertó que “lo que puede ocurrir es que Atucha I quede fuera del servicio de lo que entrega alrededor del 8% de la matriz energética”. Advirtió también que el retraso en el que se está incurriendo respecto de Atucha I “no es solamente un hecho de corruptela, sino que podemos pasar de tener una central que entrega energía eléctrica desde el año 74 a tener un residuo radioactivo y entrar en la etapa de desmantelamiento. Ese costo de desmantelar una central nuclear son de 2.000 millones de dólares”, plan que atribuyó a “una gestión corrupta”.

“Nos están llenando el área nuclear de rosqueros, de casta barata”, denunció en otro pasaje de su exposición, en la que una y otra vez cargó contra la actual gestión y remarcó el vaciamiento que está sucediendo con el proyecto Carem, con el que se está incumpliendo incluso con la ley. “El Gobierno regaló IMPSA por 25 millones de dólares”, planteó en otro pasaje de su dura gestión y reclamó a la comisión “que paren la destrucción de esta área emblemática”.

La ingeniera nuclear Julieta Romero habló por zoom desde Francia, hacia donde emigró en su momento. Se manifestó orgullosa por haber estudiado en el Instituto Balseiro, por haber trabajado en la Argentina y representarla hoy en un organismo internacional. “Cuando una persona con años de formación se va porque en la Argentina no le alcanza ya para ayudar a su familia, o porque las oportunidades no son económicamente viables, se corta algo más que una línea de un presupuesto: se corta una cadena de valor. Se va alguien que ya no va a formar a la próxima generación. Hay un proyecto que se queda sin la persona que sabía llevarlo adelante; una tarea especializada que se tiene que contratar afuera, porque acá no queda quien lo recuerde. Esa experiencia, cuando se pierde, es como un bosque incendiado: van a pasar años hasta verlo reverdecer”.

Siguieron con Franco Gómez Coria, trabajador de la Central Nuclear de Embalse, que valoró el papel de los trabajadores del área, como así también alertó sobre “décadas de desarrollo y conocimiento argentino que quieren regalar”, pero alertó en ese sentido sobre “incorporaciones de personal que no tienen ningún conocimiento a dirigir parte de la empresa”.

“Les pedimos a todos que nos defiendan, no nos entreguen, somos un bien público”, reclamó a los legisladores, y al bregar contra la privatización del sector, alertó: “Están entregando los recursos, no hagan negocios con nosotros”.

A su turno, Daniel Durán, trabajador de Atucha I y II, advirtió que a lo largo de muchos años han pasado muchos gobiernos, pero ninguno llegó adonde lo hizo esta administración. “Si se van a regalar las centrales nucleares, una empresa estratégica como es Nucleoeléctrica SA, el pueblo argentino debe saber cuánto vale”, enfatizó, preguntándose la razón por “regalar un activo estratégico tan trascendental, que garantiza energía de base 365 días del año las 24 horas del día”.

Gustavo Santa Cruz habló a continuación. Este doctor en Física de la UBA habló de las aplicaciones nucleares a la salud, y destacó la trayectoria que existe en la materia en nuestro país. “La CNEA tiene décadas en investigación y desarrollo en aplicaciones de terapias con partículas; por ejemplo, nosotros tenemos un programa de BNCT (Terapia por Captura Neutróncia en Boro desarrollado en la Argentina para tratamientos avanzados contra el cáncer) y hemos tratado pacientes  en un reactor nuclear en Bariloche con neutrones. Nos hemos acostumbrado a las tecnologías complejas y las radiaciones no convencionales”, expresó el especialista, que habló a continuación sobre la protonterapia, un tipo avanzado de radioterapia externa para tratar el cáncer y los adelantos alcanzados en la materia en nuestro país.

Habló en ese sentido sobre la necesidad de apoyo del Estado para esas terapias, al menos los primeros tres años; luego se autofinancia.

Tomás Avalone, habló luego sobre el valor económico del RA-10 y la producción de radioisótopos. “Siguiendo la línea de la energía nuclear y su importancia, la energía nuclear no solo produce energía eléctrica, sino que tiene una incidencia muy positiva en la población por las aplicaciones médicas y las aplicaciones industriales”, dijo, apuntando que “en eso está el proyecto del RA-10, sumado a la línea de medicina nuclear, porque va a producir radioisótopos de uso médico e industrial. Ese reactor se encuentra en la finalización de su etapa de construcción, un reactor para el cual se eliminó el presupuesto de construcción de sus plantas anexas. Un reactor que se está terminando, pero que se quedó con el 50% de su personal para garantizar la operación y un reactor que no tiene asociada una planta de producción de radioisótopos por fisión necesaria para poder colocar la producción que promete el reactor”.

Esa planta le costaría al Estado 250 millones de dólares.

Luego fue el turno de Alejandro Lucastegui, venido de Neuquén y trabajador de mantenimiento informático y tecnológico de la PIAP. Habló del ahogo financiero y vaciamiento de personal de esa planta. “Actualmente se necesita contar con un stock de 500 toneladas para la vida útil y funcionamiento de las centrales nucleares argentinas -continuó-. Y al no estar produciendo la PIAP, vaya ironía… se está importando desde la India el agua pesada, atando nuestra matriz energética nuclear a la producción extranjera. Que encima ellos nos dan el remanente, lo que les queda… si ellos se quedan sin agua pesada, ¿qué pasa con el ese sector nuclear?”.

También expuso Verónica Roberts, magíster y doctora en Economía, que habló sobre el valor estratégico del Carem. Arrancó remarcando el “creciente interés” en el sector nuclear que se está dando en el mundo, por el riesgo que está teniendo el abastecimiento energético en todo el planeta. Se refirió especialmente a los reactores pequeños modulares, un tipo particular de reactor de potencia, que tienen menos generación, pero que por su característica modular tienen ventajas sobre los reactores nucleares. Ventajas económicas, financieras y de seguridad.

En la actualidad están construyendo en el mundo 90, comentó, uno de los cuales, financiado por el Estado, es argentino.

Roberts explicó que en el caso de la producción de reactores es muy difícil poder lograr una valorización sobre un proyecto que está solamente en papel. “Y lo que tiene el CAREM, que no está en los otros proyectos, es la experiencia en la manufactura, en la producción, y es ahí donde radica el valor del Carem. No solamente un valor de cambio, sino de uso, un conocimiento acumulado. Es lo que despierta el interés internacional, y es lo que conduce a que hoy sea vaciado de competencias y de capacidades. Lo que está sucediendo con el Carem no escapa a la lógica general de este modelo estractivista”, concluyó.

Sobre el final de las exposiciones de invitados, Karina Micheletto habló desde su rol de periodista, haciendo hincapié “la sistemática y absoluta negativa de las autoridades de la CNEA para responder a los requerimientos periodísticos”. Hizo referencia entonces a una nota suya que publicó en Página 12, titulada “Un crimen a cielo abierto”, elaborada sobre el abandono del desarrollo del Carem. Dos días después, esa vez sí llegó una respuesta, que no provino de la CONEA, sino de la Oficina de Respuesta Oficial, ese organismo dependiente de la Dirección Nacional de Comunicación Digital, que a través de la red social X calificó de “FALSO” lo expresado en esa nota, y calificó a ese diario como “no especializado”, lo mismo que a su autora. Elaborada, dijeron, con “datos falsos, manipulados con afirmaciones fácilmente desmentibles sobre el proyecto Carem”.

Al respecto negaron que ese reactor tuviera un avance del 80%. Ella explicó que se referían a la obra civil, y que el total de la obra estaría entre el 60 y 65%, habiendo colectado la información a partir de especialistas como los que estaban exponiendo allí. Pero detalló los dichos de la Oficina de Respuesta Oficial, que hacía referencia a la paralización de la construcción física del reactor porque “se encuentra todavía en etapa de diseño conceptual”, cargaron contra el kirchnerismo por haberlo impulsado y calificó al Carem como “un verdadero elefante blanco que le costó millones de dólares a los argentinos”.

La periodista pidió a los legisladores que así como su construcción fue habilitada a través de una ley, la eventual paralización también tendría que ser decidida por el Congreso. Y respecto de la falta de especialización atribuida a su medio y a ella, citó dos ejemplos. “El bachiller Felipe Randle fue designado mano derecha del presidente de la CONEA, Martín Porro. Y pongo solo otro ejemplo: el tuitero libertario de 23 años Ezequiel Acuña pasó de las redes a subgerente de Responsabilidad Empresaria de la CONEA. Esta es la gente que con esa formación hoy decide los destinos del plan nuclear”.

Sobre el final, la diputada nacional Adriana Serquis, ex presidenta de la CNEA, contó que llegar a hacer el enésimo Carem tenía un valor de 2.500 millones de dólares, algo que se vende a nivel internacional por 7.500 millones de dólares. “Teníamos un futuro enorme” en la materia, dijo, resaltando que el Carem “venía a coronar esa frutilla del postre”, con la que pasábamos a  hacer no solo reactores de investigación, “sino también los de potencia, que tenían tanto valor agregado”.

Alertó sobre la “violencia institucional que se está recibiendo en todo el sistema nuclear”, que hace que los trabajadores no puedan hablar, salvo que tengan protección gremial. “Las 200 personas que se perdieron del proyecto Carem representan entre 70 y 240 millones de dólares en cuanto a su formación”.