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El trabajo recuerda que la norma fue aprobada por el Congreso en 2025 con el objetivo de garantizar el financiamiento de las universidades nacionales, recomponer salarios docentes y no docentes, actualizar partidas de funcionamiento de acuerdo con la inflación y fortalecer los programas de becas estudiantiles. Luego de ser vetada por el presidente Javier Milei, ambas cámaras reunieron las mayorías necesarias para insistir con su sanción, obligando al Ejecutivo a promulgarla.

Sin embargo, tras su promulgación, el Gobierno resolvió suspender su ejecución argumentando que la ley no establecía de manera explícita las fuentes de financiamiento para afrontar los gastos previstos. Esa decisión derivó en una presentación judicial impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reclamó la aplicación efectiva de la norma.

ACIJ destaca que tanto el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 como posteriormente la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal consideraron, en forma cautelar, que la insistencia legislativa prevista en el artículo 83 de la Constitución Nacional prevalece sobre cualquier interpretación administrativa que habilite la suspensión de una ley ya promulgada. No obstante, el caso quedó ahora bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Uno de los puntos centrales del informe es la discusión sobre el costo fiscal de la ley. Según distintas estimaciones citadas por ACIJ, su implementación demandaría entre 2,5 y 3,6 billones de pesos durante 2026. La organización reconoce que todo Estado enfrenta restricciones presupuestarias, pero sostiene que cuando están involucrados derechos fundamentales, como el acceso a la educación superior, el argumento fiscal debe ser examinado con especial rigurosidad.

En ese sentido, el trabajo señala que decisiones tributarias adoptadas por el propio Gobierno, como las modificaciones introducidas al impuesto sobre los Bienes Personales en 2024, implicaron una reducción de recursos fiscales estimada en alrededor de 0,2% del Producto Bruto Interno anual, por lo que considera contradictorio invocar escasez de fondos para incumplir una norma destinada a sostener un derecho constitucional.