La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata suspendió la cautelar que, por pedido de la Defensoría del Pueblo, había frenado los aumentos de luz vigentes desde el 1° de agosto y ordenaba retrotraer los componentes provinciales de las tarifas al cuadro anterior.
La resolución se dio tras la apelación del Gobierno bonaerense y las cuatro grandes distribuidoras eléctricas —EDEN, EDEA, EDES y EDELAP— para que se restituya el ajuste de entre el 1,5% y el 3,5% aplicado. En primera instancia, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1 de Bahía Blanca había ordenado suspender el incremento. La cuestión de fondo aún no se resolvió: solo se suspendió la cautelar.
Los argumentos
Para fundamentar su reclamo, la Provincia sostuvo que la aplicación de la cautelar podía comprometer la continuidad y la sustentabilidad del servicio eléctrico, al reducir los recursos disponibles para afrontar los costos de la energía, el mantenimiento de las redes, las inversiones y las obligaciones laborales y contractuales de las distribuidoras.
Hecha la Ley…
Además, la Fiscalía planteó dificultades técnicas para cumplir con la medida. Según informes del OCEBA, los componentes nacionales y provinciales integran un único cuadro tarifario y no pueden aplicarse de manera separada sin generar problemas en la instrumentación y el control de las tarifas.
Efecto suspensivo
Al analizar la queja, la Cámara consideró que la Fiscalía había aportado elementos suficientes para justificar, en esta instancia preliminar, la posible existencia de un perjuicio al interés público. Por ese motivo, el tribunal resolvió conceder efecto suspensivo a la apelación contra la cautelar. Sin embargo, aclaró que esa decisión no implica pronunciarse sobre la validez de la medida dictada en primera instancia ni sobre el planteo de fondo.
Resguardo de los derechos económicos
Para el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, «las empresas distribuidoras no pueden trasladar aumentos a las familias sin cumplir con la obligación legal de informar y debatir previamente con la sociedad». Según destacaron desde la Defensoría, la medida buscaba «resguardar los derechos económicos de los consumidores y garantizar el derecho constitucional a una información adecuada y a la participación en la toma de decisiones tarifarias».
