Hablar de informática y de desarrollo de software en Argentina no es cosa de ahora: el país cuenta con una larga trayectoria. Fue pionero en la región, llegando a igualar a Estados Unidos y a lo que fue la Unión Soviética. Entre 1940 y 1950 hubo un gran avance del sector con políticas industriales que lo alentaban, con una impronta de innovación nacional que permitió un diálogo entre los claustros universitarios y la industria, puntualmente dentro del sector de la electrónica.
En 1960 llegó la computadora Clementina al país, el antecedente necesario para la creación de la carrera de Computador Científico en 1963. En los años 70 surgieron empresas pioneras en Córdoba y en Buenos Aires que crearon sistemas de procesamiento de datos y hardware adaptado ante las restricciones a las importaciones. Y, tras el regreso a la democracia, se masificó la fabricación local de computadoras domésticas y consolas mediante adaptaciones y licencias de marcas internacionales.
En 2004 se sancionó la Ley 25.922 de Promoción de la Industria del Software, que sentó las bases para constituir al sector informático como una industria específica, no solo en lo económico sino también en lo jurídico. Fue un plan de desarrollo con un impulso estatal y público que, desde lo jurídico, académico, impositivo, regulatorio y laboral, propició que la actividad informática se constituyera en una industria. Entre sus principales objetivos estaba desarrollar la creación, el diseño, la producción y la implementación de software local; atraer inversiones extranjeras y nacionales al mercado tecnológico argentino; y aumentar la cantidad de empleo formal y capacitado en informática.
Los beneficios que ofrecía eran: estabilidad fiscal por un plazo de 10 años para las empresas inscriptas dentro del régimen de promoción; un bono de crédito fiscal de hasta el 70% sobre las contribuciones patronales pagadas a la seguridad social; la reducción del 60% en el monto total del Impuesto a las Ganancias; y la exclusión del régimen de retenciones y percepciones de IVA. La ley también creó el Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software (FONSOFT), que buscaba financiar emprendimientos, capital de trabajo y capacitación de recursos humanos.
Gabriel Baum, licenciado en informática y actor fundamental en el ecosistema informático que impulsó la Ley de la Industria del Software, confiesa que "la norma fue buena tal como estaba concebida, por 10 años". Pero aclara: "En 2013 planteé que debíamos modificarla, proponer condiciones nuevas en pos de mejorar y profundizar en la productividad de la industria. El primer paso era generar una industria, y eso se logró con la ley, pero los pasos siguientes requerían orientarla con objetivos y políticas más concretas, lo cual no sucedió. Luego con la sanción del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento de 2019, se acentuaron los beneficios fiscales, lo que generó una concentración material, productiva y de ganancias en unas pocas empresas: Mercado Libre, Globant y Accenture".
La Ley 27.506 llegó para suceder a la Ley de la Industria del Software que se había prorrogado hasta 2019, superando el plazo de 10 años que dictó oportunamente. El actual régimen, con vigencia hasta 2029, no modificó demasiado los presupuestos anteriores: estabilidad fiscal y el compromiso estatal de que la carga tributaria impuesta no aumentará en pos de "fortalecer la industria". Esto le parece problemático a Baum, porque "de esta forma solo las grandes empresas se ven beneficiadas y ni el país, ni la industria, ni los empleados ven el crecimiento".
Esteban Sargiotto, director del Observatorio del Trabajo Informático (OTI), comenta a El Auditor.Info que la iniciativa de crear el observatorio surgió para cubrir una falta: no existía información sobre la industria del trabajo informático en Argentina ni sobre la situación actual de los trabajadores. “En muchos medios de información y en el ideario común existe la creencia de que los trabajos informáticos y de software están muy bien pagos; si bien en parte es cierto, muchas veces la situación no es así”.
“Desde OTI, empezamos a elaborar informes y, después, realizamos un seguimiento sobre los índices principales de la industria, tales como cantidad de trabajadores y de empresas, la localización de las compañías, cómo son los polos informáticos, el perfil socioeconómico de los trabajadores y su nivel educativo. A estos datos les sumamos un análisis de políticas públicas para entender cuáles son las que articulan al sector y en qué consisten”, explica Sargiotto.
El último informe del Observatorio de Trabajo Informático revela un cambio en la tendencia de la creación de puestos de trabajo, sostenida e ininterrumpidamente desde 2004: empezó a mostrar signos de estancamiento. La situación de los salarios durante todo 2025 y los primeros meses de 2026 mostró una pérdida neta del poder adquisitivo.
El inicio de 2026, según datos oficiales sobre los primeros tres meses, exhibe nuevas pérdidas en la capacidad de compra respecto de la inflación. A eso se le suma un escenario mundial que, en los últimos años, sufre aversión a inversiones de riesgo y tendencia a realizar despidos masivos, junto con el acelerado y abrumador crecimiento de la potencia de los lenguajes de largo alcance y la inteligencia artificial.
