El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata emitió un comunicado en el que denunció que “el senado provincial entre gallos y medias noches, trató el expediente D-629/22 – 23 donde aprobó un proyecto de Ley que otorga beneficios jubilatorios a Ex Militares, a Retirados de las FF.AA que participaron en la Guerra de Malvinas, entre ellos torturadores de soldados durante la guerra y represores”. Los ex Combatientes expresaron que la Ley fue aprobada sin que el proyecto pasase por ninguna comisión para su análisis.

“Es impensado que estemos retrocediendo tanto. Es un proyecto que fue presentado muchas veces y se caía, pero el lobby militar está apretando y hay gente que les pone el oído y los convencen de estas cosas” le expresó a Diagonales Ernesto Alonso, secretario de derechos humanos del CECIM La Plata.

La normativa establece un nuevo régimen especial de jubilación para oficiales y suboficiales que participaron de la guerra en las islas y posteriormente ingresaron a algún cargo en la administración pública provincial. Los miembros del CECIM afirmaron que ese nuevo régimen implicaría una erogación de $ 4.160.000.000 al Estado provincial, equivalente a 109.473 jubilaciones mínimas anuales, algo que no fue tratado en la comisión de presupuesto.

Pero, más allá de la cuestión presupuestaria, la denuncia de los ex Combatientes tiene como núcleo el haber expresado a Diputados y Senadores que el nuevo régimen beneficiaría a militares denunciados en la causa 1777/07, que ya lleva 15 años investigando las violaciones a los derechos humanos de los soldados conscriptos durante la guerra por parte los militares. Otros organismos de DDHH como Abuelas de Plaza de Mayo, APDH, Comisión Provincial por la Memoria, así como la CTA y ATE, también rechazaron el proyecto advirtiendo que el beneficio alcanzaría a ex militares denunciados por graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura cívico militar. Esos rechazos, junto con el de las organizaciones de Ex Soldados Consriptos, constan todos en el expediente tratado por el Senado.

La causa 1777/07 está caratulada como “Pedro Valentín Pierre y otros sobre imposición de tormentos”, y se inició a partir de la denuncia del Darío Gleriano, quien fuera estaqueado por Pedro Valentín Pierre entre tanques de combustible en las inmediaciones de Puerto Argentino. Dicha causa fue recogiendo luego los testimonios de múltiples hechos de torturas y violaciones a los DDHH y aún hoy continúa su tratamiento en Río Grande. Gleriano sobrevivió al estaqueo, pero “hay soldados que murieron estando estaqueados bajo fuego enemigo en similares circunstancias” informó el CECIM.

“A Malvinas también se trasladó el terrorismo de Estado. A las islas no fue el Ejército de San Martín, sino el de Viola, Videla y Massera. Hubo compañeros que murieron por la tortura, muchas de las muertes en las islas fueron por responsabilidad de todas las FFAA” Señaló Alonso en diálogo con este medio.

En este sentido, los ex Combatientes denunciaron que “ante la ineficiencia del Poder Judicial de la Nación estos hechos siguen impunes y quienes los cometieron gozarán del mismo beneficio que sus víctimas, los soldados conscriptos” y señalaron que “la responsabilidad de que estos hechos sucedan a 40 años de la guerra de Malvinas recae en los Diputados y Senadores de todos los bloques políticos que dieron su voto positivo sin analizar sin siquiera de qué se trataba y el alcance del mismo”.

El secretario de derechos humanos del CECIM fue categórico al respecto: “Con esta Ley, a 40 años de Malvinas la Provincia de Buenos Aires va a refrendar la impunidad. Esto es un mensaje gravísimo hacia las víctimas de tortura.  En La PBA hay unos 5000 ex Combatientes soldados, esto es un mensaje terrible, patético de las instituciones de la democracia, en este caso la legislatura bonaerense, que da un mensaje de impunidad” sentenció.

UNA LEY DE PRIVILEGIOS

Junto a las críticas desde la perspectiva de la memoria, la verdad y la justicia, el CECIM argumentó también contra un beneficio extraordinario que recibirían los militares retirados en caso que se promulgue la Ley. En concreto, se trata de la posibilidad de dos prestaciones al mismo tiempo, una del Instituto de Ayuda Financiera (IAF) de las FFAA y la del Instituto de Previsión Social (IPS). Los ex Combatientes plantearon que “la gran mayoría de los ex militares que ingresaron a la administración pública provincial son mayoritariamente RETIRADOS (JUBILADOS) por la Ley 19101 de Pensiones y Retiros Militares beneficiarios del IAF. Por lo tanto, nunca debieron tener un cargo remunerado en la Provincia de Buenos Aires”.

En ese sentido, Alonso explicó a Diagonales las diferencias entre los ex Combatientes y los militares: “Los ex soldados conscriptos y civiles que fuimos a Malvinas fuimos cumpliendo una carga pública, que era el servicio militar obligatorio. Cuestión totalmente diferente a quienes decidieron incorporarse a la carrera militar y que fueron a Malvinas cobrando un salario, que siguieron cobrando luego de la guerra junto a todos los beneficios sociales. A este universo le permiten este privilegio que ningún trabajador de la Provincia puede tener, de jubilarse al mismo tiempo por el IAF y por el IPS, mantener su haber de retiro de la caja de pensiones y retiros militares, y la jubilación del IPS”.

Una paradoja de esta Ley es que, justamente, uno de los beneficiarios sería el primer represor denunciado por los ex Combatientes, cuyo apellido caratula la causa 1777/07. Pedro Valentín Pierre es actualmente administrativo de la Dirección General de Escuelas y trabaja en el Consejo Escolar de Quilmes. Lo que denuncia el CECIM es que, además de estas contrataciones que son violatorias de la Ley 10.430 de contrataciones en la administración pública provincial, porque un militar retirado que cobra un retiro del IAF queda excluido por esa ley para ser trabajador provincial, con este nuevo expediente los militares recibirían también el beneficio de una doble prestación jubilatoria.