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La RTI tiene como objetivos mejorar la calidad del suministro, asegurar tarifas accesibles y homogéneas en toda la provincia, y establecer un sistema de tarifas más transparente que incentive el uso racional de la energía.

Además, se espera que las distribuidoras entreguen toda la documentación necesaria solicitada por la Subsecretaría de Energía en los plazos correspondientes.

Este proceso sigue lo establecido por la Ley N° 11.769, que obliga a revisar las tarifas cada cinco años. Sin embargo, la última revisión, realizada en 2017 durante la administración de María Eugenia Vidal, autorizó aumentos tarifarios sin exigir compromisos de inversión.

Esa revisión estableció una fórmula de ajuste anual, pero careció de un sistema efectivo para actualizar valores o monitorear inversiones, resultando en beneficios crecientes para las distribuidoras sin mejoras significativas en el servicio.

En comunicación con InfoGEI, una fuente ministerial señaló que la Provincia ahora enfrenta la posibilidad de planificar una estrategia que realmente impulse la calidad del servicio eléctrico y garantice un esquema tarifario justo y sostenible.