“Nosotros tenemos cuatro vacantes sobre siete jueces. Estamos abajo del mínimo requerido para sesionar. Por supuesto que nos complica mucho el trabajo diario y, obviamente, afecta al servicio de justicia”, advirtió el magistrado.
En esa línea, Torres subrayó que el reclamó para cubrir las vacantes del máximo tribunal viene de larga data, aunque aclaró que la situación “no es tan mala como hace algunos años atrás, cuando había una severa crisis de vacancia”. “Ahora tenemos la necesidad de muchos cargos; y eso afecta al sistema de Justicia”, amplió.
Tras la salida del ministro Luis Genoud en junio de 2024, la Suprema Corte cumplió dos años con sólo tres de los siete integrantes, Hilda Kogan, Daniel Soria y Sergio Torres, lo que dejó al órgano reducido y con presión institucional para su recomposición.
En paralelo, el Poder Judicial emitió durante septiembre y octubre resoluciones para solicitar la creación de más de 20 juzgados en los fueros Penal, Civil y Comercial, de Familia, Contencioso Administrativo y Laboral en los departamentos judiciales.
Al respecto, Torres señaló que la falta de cobertura de cargos en el Poder Judicial en general, produce lentitud en la resolución de las causas penales. “Una Justicia lenta, no es Justicia”, afirmó.
También, el titular del máximo tribunal se refirió al reclamo de los jubilados judiciales por la aplicación de los incrementos contemplados en el Acuerdo 4093. En ese sentido, recordó que la Suprema Corte dictó una resolución aclaratoria para establecer que los beneficios del régimen también alcanzan al sector pasivo.
Torres se refirió a los proyectos que impulsa la Justicia bonaerense
Durante la entrevista con el medio bahiense La Brújula, Torres defendió los proyectos para lograr la autonomía presupuestaria y autarquía económico-financiera del Poder Judicial, una iniciativa destinada a cubrir las vacantes del máximo tribunal y afrontar los conflictos jurídicos.
“Actualmente muchas dependencias funcionan en inmuebles alquilados que no fueron diseñados para prestar servicios judiciales. Esto obliga a realizar inversiones en instalaciones eléctricas, climatización y tecnología que pueden perderse cuando finalizan los contratos de alquiler“, advirtió el titular del maximo tribunal.
En ese marco, Torres indicó que el proyecto apunta a abordar estos problemas estructurales del sistema judicial, con mirada de mediano y largo plazo. Como principal novedad, el texto establece que la Suprema Corte bonaerense tendrá la potestad de elaborar el proyecto de presupuesto del Poder Judicial, el cual comprende el cálculo de erogaciones y recursos correspondientes a las áreas de Administración de Justicia y del Ministerio Público.
“El proyecto del Presupuesto del Poder Judicial será remitido a la Legislatura bonaerense a través del Ejecutivo, y tras un seguimiento de la adecuación de las partidas, se los incorporará al proyecto de ley de Presupuesto de la Administración General de la Provincia”, establece el articulado del texto elevado por el máximo tribunal provincial.
De acuerdo al proyecto, el presupuesto del Poder Judicial de la provincia se destinará el 65% a la jurisdicción Administración de Justicia y el 35% a la jurisdicción Ministerio Público (desempeñado por el procurador y subprocurador General de la Suprema Corte), distribución que será revisada anualmente. En tanto, la Corte bonaerense tendrá a su cargo la administración de la infraestructura edilicia.
“Actualmente, la definición de la política salarial de magistrados, funcionarios y agentes judiciales ha venido siendo ejercida por el Poder Ejecutivo a través de sucesivas delegaciones”, argumentaron los magistrados de la Suprema Corte, sobre la propuesta que había sido promovida en 2014.
