-El texto habilita además la participación de personas jurídicas y el uso de plataformas digitales y entornos virtuales para la prestación de servicios, lo que allana el camino para el desembarco de franquicias y modelos de negocio innovadores.
En cuanto a las funciones, los corredores podrán realizar tasaciones, solicitar informes registrales y catastrales, otorgar garantías y representar a las partes en operaciones, entre otras atribuciones.
Uno de los puntos más disruptivos establece que cualquier regulación futura deberá respetar los principios de libre competencia, igualdad de acceso y transparencia, y declara incompatibles con esos criterios las exigencias de residencia en un distrito determinado, así como la fijación de aranceles mínimos, valores sugeridos o topes máximos para honorarios y comisiones.
El proyecto también deroga artículos clave de la Ley 20.266 y del Código Civil y Comercial vigentes, buscando así un cambio estructural en un sector históricamente regulado. De ser sancionada, la norma flexibilizaría el acceso a la actividad y reduciría drásticamente la intervención estatal en el mercado inmobiliario.
