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El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo prevé la aprobación de Acuerdos de Conciliación celebrados con dos fondos que no ingresaron en pactos alcanzados anteriormente por la Argentina con otros holdouts.

Se trata de acuerdos por el pago de 171 millones de dólares a los tenedores de títulos públicos Bainbridge Ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP. Son bonistas que comenzaron sus demandas en el 2001 pero no ingresaron en el acuerdo firmado en 2016 entre el gobierno de Mauricio Macri y la mayoría de los fondos buitre.

En los argumentos de la iniciativa, el Gobierno destacó que con estos acuerdos terminarán las demandas de embargo sobre activos argentinos. Sobre las ventajas financieras, indicó que “habrá una quita superior al 30% sobre las sumas remanentes” y permitirá “cancelar pasivos litigiosos por un monto sustancialmente inferior al que resultaría de una ejecución judicial, evitando el devengamiento de intereses punitorios onerosos bajo la ley de Nueva York”.

El acuerdo implica pagar 67 millones de dólares a Bainbridge Ltd. y 104 millones de dólares para el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP, de “forma simultánea a la acreditación de los bonos libres de todo gravamen para su inmediata cancelación y extinción”.

Asimismo, establece expresamente que los honorarios de los abogados son de exclusiva responsabilidad de los acreedores.

Luego de que en la última sesión el proyecto volviera a comisiones y se informara sobre la renegociación del acuerdo, también se fijó el 30 de junio (originalmente era el 31 de mayo) como fecha límite para su aprobación, con lo cual el oficialismo en la Cámara baja tiene previsto darle celeridad al tema.

El debate

Como miembro informante, el senador Agustín Monteverde aclaró que el proyecto sufrió una modificación en el artículo 2 y explicó que se trata de los últimos acreedores holdouts de relevancia que le queda al país. Uno de ellos es Bainbridge Ltd. que tiene una sentencia a favor de 96 millones de dólares y “ha obtenido sentencias de entrega de acciones de YPF que están en apelación ante la Corte de Nueva York que fijó la fecha y está en suspenso”.

“Por otro lado tenemos al grupo de entidades que están alineadas en Attestor Value Master Fund LP. Que obtuvieron 16 sentencias entre 2020 y 2024, que en marzo del año pasado lograron la ejecución de garantías, excedentes de bonos por 266 millones de dólares, están en apelación 96 millones de dólares a decidirse en la Corte y que está en suspenso porque la fecha ya pasó”, explayó.

Monteverde sostuvo que “la Ley 27.249 facultó al Poder Ejecutivo a negociar y normalizar la relación con los holdouts cosa que fue respaldada por la Ley de Presupuesto vigente”, y precisó las ventajas que el acuerdo trae al país como el fin de las acciones de Discovery, contiene una cláusula donde ambas entidades se comprometen a no iniciar nuevas acciones y tampoco interferir en operaciones de financiamiento de la república; extingue los dos principales litigios pendientes; el acuerdo concede indemnidad por los gastos legales.

“La entrega es contra el pago, ni bien pagamos recibimos los bonos que formaron parte de la sentencia. Se trata de una quita conforme a la ley porque respeta los principios de eficiencia contemplado por la Ley 24.156 y principios de razonabilidad. Hemos logrado un descuento de más del 35%”, precisó.

El senador libertario consideró que se trata de un acuerdo “razonable, conveniente y legal”. Al referirse a la modificación del artículo 2 del proyecto aclaró que “la enmienda no cambió en absoluto el contenido en sí del acuerdo, solo se dieron de baja algunos bonos que quedaron prescriptos y carecen de fuerza legal”.

Por el lado del bloque UP, el senador justicialista Jorge Capitanich adelantó el rechazo al proyecto y justificó que “el nivel de inmunidad de ejecución debe ser aplicado por el Poder Judicial” y agregó: “Estos mecanismos premian la conducta de los fondos buitres o holdouts”, y agregó que “no es responsabilidad del Congreso autorizar acuerdos de estas características. Es necesario observar la disponibilidad de divisas y recursos para poder pagar”.

En tanto, el titular del espacio José Mayans, comparó la dictadura de 1976 con la gestión de De la Rúa y la administración de Milei: “Es el mismo programa que hoy está vigente", y definió el senador en referencia a los endeudamientos de distintos países a manos de las potencias: “Ese es el plan del sistema colonial”.

“La verdadera corrupción está en el endeudamiento público.  Este gobierno es ultra corrupto y es todo mentira que están controlando la deuda hasta que explote, pero nosotros no vamos a ser cómplices de esto y con el desastre que están haciendo con la economía del país”, apuntó y remató: “Esto es una pavada con el brutal endeudamiento del país”.

Por último, la titular del bloque libertario Patricia Bullrich destacó que “venimos a cerrar una herida que tiene 25 años porque el 23 de diciembre de 2001 fue el default más grande de la historia mundial”. “Esto fue una acumulación de deudas”, indicó Bullrich y explicó: “Regía un sistema impuesto por Carlos Menem que precisaba de una premisa básica. Lo que comenzó a hacerse es endeudar el país y generó una situación imposible”.

“Esta deuda pública creció durante el gobierno kirchnerista. Nunca hubo desendeudamiento, hubo maquillaje contable y los litigios siguieron todos. Fueron años de litigio, activos argentinos en riesgo, espionaje ilegal en cuentas del BCRA, una expropiación de los fondos de las AFJP”, recordó Bullrich.