El proyecto, ubicado a 37 kilómetros de Uspallata y a 97 kilómetros de la ciudad de Mendoza, se perfila como el primero de cobre a mediana escala en la provincia y como uno de los desarrollos más significativos del país desde Bajo de la Alumbrera. Su producción se orienta a insumos críticos para tecnologías limpias y la transición energética global.
En los fundamentos se detalla que el proceso de evaluación de impacto ambiental incluyó la incorporación y el análisis de dictámenes técnicos y sectoriales, además del informe final elaborado por la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera. Con las respuestas del proponente integradas al expediente, la Autoridad Ambiental Minera emitió el informe técnico final que reúne tanto las conclusiones como las opiniones sobre el estudio presentado.
El procedimiento contempló un amplio esquema de participación ciudadana: consulta pública, talleres y visitas técnicas, así como también la realización de una audiencia pública y su correspondiente difusión. Además, se habilitó la presentación de aportes por escrito y se garantizó el acceso a la documentación completa, tanto en formato físico en la sede de Minería como en formato digital en los portales oficiales. Asimismo, se desarrolló el proceso de consulta previa con comunidades originarias ubicadas en el área de influencia.
La Declaración de Impacto Ambiental introduce una metodología que distingue las fases de construcción, operación, cierre y poscierre, al tiempo que organiza su contenido en cinco ejes: Agua, Biodiversidad, Patrimonio cultural y Qhapaq Ñan, Aire y Emisiones y Participación ciudadana y control social.
En el texto se contempla la conformación de la Unidad de Gestión Ambiental del proyecto, un fondo socioambiental y de compensación y un programa de monitoreo participativo que incluye el Sistema Integrado de Monitoreo y Alerta Temprana (SIMAT), dotado de telemetría, cámaras, pesaje automatizado y trazabilidad de cargas conectado al Centro de Control de la Policía Ambiental Minera. También incorporan protocolos ante sismos, crecidas, derrames, incendios y otras contingencias.
La empresa deberá aplicar programas de integridad que alcancen a toda su cadena de contratación y actualizar la declaración jurada de buenas prácticas mediante informes de sostenibilidad y un protocolo de vinculación comunitaria. También participará, junto al Municipio de Las Heras y diversos actores locales, en un plan de desarrollo económico que impulse la diversificación productiva de Uspallata y otras localidades de Alta Montaña y en iniciativas de formación y educación.
