A través de un comunicado, el organismo informó que se iniciaron sumarios contra el gremio ferroviario La Fraternidad y la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que nuclea a los choferes de colectivos.
Ambas organizaciones fueron sancionadas por el "incumplimiento de las conciliaciones obligatorias, oportunamente dictadas según la normativa vigente", indicaron desde el área laboral.
La Secretaría de Trabajo abrió sumarios contra la UTA y La Fraternidad por no acatar conciliaciones obligatorias y advirtió que podrían aplicarse multas millonarias.
Desde la Secretaría de Trabajo señalaron que durante el proceso administrativo "se verificó la falta de acatamiento a la conciliación obligatoria" por parte de ambos gremios.
En base a ese cálculo, fuentes del área laboral estimaron que:
La UTA podría afrontar multas superiores a los $70 millones.
La Fraternidad debería pagar más de $20 millones.
El Ministerio de Capital Humano sostuvo que la decisión busca "resguardar el interés general y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente".
En los últimos meses, el Ministerio de Capital Humano había realizado distintas advertencias a ambos sindicatos para que no incumplieran conciliaciones obligatorias dictadas durante conflictos laborales.
La última advertencia se produjo en el marco del paro general convocado por la CGT el 19 de febrero, en rechazo al tratamiento de la reforma laboral impulsada por el Gobierno.
En esa oportunidad, tanto la UTA, conducida por Roberto Fernández, como La Fraternidad, liderada por Omar Maturano, habían anunciado su adhesión a la medida de fuerza.
Un día antes del paro, el Ministerio que encabeza Sandra Pettovello intimó a los representantes legales de ambos gremios a abstenerse de llevar adelante cualquier medida de acción directa, al considerar que eso implicaría violar conciliaciones obligatorias que se encontraban vigentes.
En ese momento, la cartera laboral había dictado una conciliación para la UTA desde el 11 de febrero por un plazo de dos semanas, mientras que La Fraternidad tenía otra desde el 5 de febrero por 15 días.
Las autoridades ya habían advertido entonces que cualquier medida de fuerza constituiría un incumplimiento de la conciliación laboral obligatoria, lo que habilitaría la aplicación de sanciones, que ahora comenzaron a tramitarse mediante los sumarios administrativos.