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La inseguridad alimentaria no es solo un problema económico, también es un problema de acceso a la información. En ese sentido, la reciente modificación en la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, más conocida como “Ley de etiquetado”, flexibiliza los requisitos de etiquetado frontal en favor de las grandes corporaciones alimentarias y significa un golpe directo a la posibilidad de que las y los consumidores tomen decisiones informadas. Es, en los hechos, una política pública al servicio de la desinformación.

Así, la desinformación alimentaria no es un fenómeno espontáneo ni inocente sino que forma parte de una estrategia de mercado que encuentra en las redes sociales un canal ideal para amplificar voces que, sin formación ni responsabilidad profesional, ofrecen soluciones mágicas, dietas peligrosas y discursos que oscilan entre la charlatanería y la pseudociencia. Pero lo verdaderamente grave es cuando estas prácticas comienzan a reemplazar el saber construido desde las instituciones académicas, las y los profesionales con experiencia y trayectoria, y los espacios de regulación sanitaria.

Los Colegios Profesionales, lejos de ser estructuras burocráticas como algunos quieren presentarlas, son organismos de orden público cuya función es velar por el correcto ejercicio de las profesiones, proteger a la sociedad de prácticas indebidas y garantizar que quienes brindan servicios de salud lo hagan con idoneidad, ética y responsabilidad. La proliferación de voces sin habilitación, la banalización de la figura del profesional universitario y la relativización del conocimiento científico son fenómenos que, si no se detienen, seguirán deteriorando la salud de la población en su sentido más amplio, desde la física hasta la mental.

En momentos donde se pretende instalar la idea de que “cualquiera puede opinar de todo”, desarticular el rol de los Colegios Profesionales es funcional a un modelo que no quiere controles, que niega la ciencia y que prioriza la rentabilidad de unos pocos por sobre la salud colectiva.

Reivindicar la formación universitaria, el ejercicio profesional regulado y el rol de las entidades que garantizan el correcto desempeño de las profesiones no es una cuestión corporativa ni burocrática como se pretende hacer creer, a veces desde los estratos más altos de los gobiernos: es una necesidad urgente para resguardar el derecho de la población a recibir la información adecuada y una atención sanitaria sólida y de calidad.

Las y los nutricionistas no somos influencers. No estamos para vender productos ni prometer soluciones exprés. Somos agentes de salud pública, formados para educar, asesorar y acompañar a la población en el cuidado de su salud alimentaria. Nuestro compromiso es con la ciencia, con la ética profesional y, sobre todo, con la comunidad.

En tiempos de ajuste, posverdad y desinformación organizada, el rol de las y los profesionales es más imprescindible que nunca. Y sin instituciones fuertes que respalden ese ejercicio, sin Colegios Profesionales que defiendan el interés público, la salud quedará librada a la ley del mercado.

Defender la profesión es defender la salud de todas y todos.