La Justicia ratificó la medida cautelar impulsada por la Defensoría del Pueblo bonaerense con la que se obligaba a Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) a frenar cualquier tipo de recorte de inversiones o controles de calidad en medio del proceso de reestructuración y privatización en el que se encuentra la empresa.
La nueva decisión judicial fue adoptada por la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo de La Plata, que desestimó la apelación hecha por la empresa y respaldó el pedido del organismo que conduce Guido Lorenzino para proteger la calidad de vida de la población.
«Una privatización en los términos que busca AySA y el gobierno nacional entregaría a los potenciales compradores una empresa sin la exigencia de cumplir la obligación de provisión de agua potable y dejándole el pasivo ambiental para que se haga cargo la Provincia, los municipios o los habitantes con su salud», indicó Lorenzino.
El Defensor del Pueblo explicó que «el agua potable es un derecho humano fundamental que no puede quedar sujeto a la flexibilización de contratos ni al recorte de inversiones. Vamos a seguir exigiendo que se respeten y mantengan las condiciones esenciales del servicio para garantizar la salud y el bienestar de las y los bonaerenses».
La resolución de la Cámara ordena a AySA a abstenerse de realizar cualquier acción que implique modificar, limitar, reducir, diferir, alterar, suspender o desnaturalizar las obligaciones asumidas sobre el acceso al agua potable, la salud pública, el ambiente sano y la adecuada prestación del servicio.
La medida regirá hasta que se realice una evaluación integral de carácter ambiental, sanitario e institucional, en un fallo que representa un freno judicial al avance del proceso de privatización de la empresa estatal.
A última hora de este viernes, se conoció un pronunciamiento del bloque de senadores provincial de Fuerza Patria, donde expresaron su “rechazo categórico al proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. impulsado por el Gobierno Nacional”.
“No se trata de una mera operación empresaria, se trata de la entrega de un recurso estratégico, de un derecho humano y de una herramienta central para el desarrollo nacional”, afirmó el bloque que preside el senador bonaerense, Sergio Berni
