Las acciones de amparo fueron interpuestas contras el Gobierno Nacional, que mediante el Decreto 900/21 autorizó a finales de diciembre la realización de dichas acciones que podrían tener un alto impacto ambiental.

La Justicia Marplatense solicitó el cese de las actividades de exploración sísmica, explotación petrolera y otros trabajos vinculados, hasta tanto se realice una evaluación ambiental estratégica y se dé cumplimiento estricto de todas las previsiones normativas en materia ambiental, tanto a nivel nacional como internacional.