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La iniciativa fue impulsada por el senador nacional Guillermo Andrada (Catamarca), acompañado por Carolina Moisés (Jujuy) y Sandra Mendoza (Tucumán), quienes solicitaron que la respuesta sea canalizada a través del Ministerio de Economía, el Banco Central de la República Argentina y otros organismos competentes.

El planteo se apoya en datos recientes que evidencian un aumento sostenido de la morosidad. Según cifras oficiales del BCRA a marzo de 2026, la irregularidad del crédito al sector privado alcanzó el 7%, mientras que en el caso de las familias trepó al 11,5%, ubicándose por encima del nivel registrado en el sector empresario.

A la par, informes de la Cámara Argentina Fintech y el ITBA indican que más de 8,1 millones de personas utilizan crédito fintech en el país. De ese total, unas 2,3 millones dependen exclusivamente de estas plataformas como canal formal de financiamiento.

Sin embargo, el crecimiento del sector también presenta señales de alerta: la mora operativa de las carteras fintech ronda el 22,7%, mientras que la mora total se ubica cerca del 30,5% en el inicio de 2026.

“En numerosos casos, estos instrumentos financieros rápidos son utilizados por las familias para afrontar gastos corrientes o esenciales, como alimentación, salud, educación, servicios públicos o alquileres, o bien para cancelar deudas previas”, advirtió Andrada. En esa línea, señaló que este fenómeno genera “ciclos de refinanciación recurrente que derivan en situaciones de sobreendeudamiento”.

A través del proyecto, los legisladores buscan conocer si el Gobierno dispone de estudios sobre el uso de créditos digitales para consumos básicos, qué información tiene sobre la incidencia de refinanciaciones sucesivas y qué medidas regulatorias están vigentes o en evaluación para fomentar prácticas responsables y proteger a los usuarios.

El senador catamarqueño aclaró que la intención no es restringir el desarrollo del sector. “No estamos cuestionando la innovación financiera ni proponiendo limitar el crédito digital”, sostuvo, y concluyó: “Estamos intentando contribuir a que ese crecimiento se dé sobre bases sostenibles, compatibles con la protección de los consumidores y la estabilidad económica de los hogares”.