En un comunicado, APYME advirtió que el modelo económico actual —impulsado por el gobierno nacional a través del DNU, la Ley Bases y el RIGI— está provocando «una catástrofe productiva e industrial» que se traduce en el cierre de decenas de empresas por día, la pérdida masiva de puestos de trabajo y una creciente precarización laboral. La entidad sostuvo que estas consecuencias no son accidentales, sino que responden a un proyecto de país de enclave que subordina los intereses nacionales a las potencias extranjeras y a grandes corporaciones, en alianza con sectores económicos locales.
Según el comunicado, a más de dos años de vigencia de las principales reformas del gobierno, las inversiones genuinas no han llegado, mientras las pymes enfrentan una persecución fiscal, cortes en la cadena de pagos y un récord de quiebras. «Lejos de verificarse algún beneficio para el país bajo este sometimiento», señaló la entidad, el escenario actual combina un festival importador, nuevas tomas de deuda y un blanqueo de capitales que consideran «obsceno», en detrimento del consumo masivo y el empleo registrado.
APYME reafirmó su impulso a la Ley de Emergencia Mipyme y reclamó un Estado que promueva la distribución equitativa del ingreso, la planificación industrial, la innovación y la integración productiva local y regional. La entidad subrayó que el desarrollo nacional requiere del protagonismo de miles de micro, pequeñas y medianas empresas, junto a los trabajadores, las cooperativas y la economía social, como pilares del tejido económico, social y cultural del país.
