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En una carta abierta dirigida a legisladores, la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Cáritas Argentina y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen manifestaron su rechazo al proyecto de “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada” impulsado por el Poder Ejecutivo, actualmente en debate en el Senado, al sostener que compromete la soberanía territorial, el acceso a los recursos naturales y los derechos de las comunidades.

Las entidades eclesiales señalaron que la iniciativa pone en riesgo “la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos y de nuestros bienes comunes”, y advirtieron que también podría afectar el derecho de los pueblos a la autodeterminación. En ese sentido, recordaron el principio del destino universal de los bienes, según el cual los recursos naturales están destinados a toda la humanidad y no pueden ser apropiados de manera excluyente.

Entre los puntos más cuestionados, mencionaron la eliminación de restricciones vigentes para la compra de tierras por parte de extranjeros, lo que abriría la posibilidad de acceso ilimitado a superficies vinculadas a reservas de agua y otros recursos estratégicos. También calificaron como “alarmante” la habilitación del uso inmediato de tierras afectadas por incendios, algo que hasta ahora estaba restringido por normativa.

El documento advierte además que el proyecto debilita la capacidad del Estado para regular el uso del suelo, planificar obras públicas y proteger a los sectores más vulnerables frente a intereses privados, tanto locales como internacionales.

Desde una mirada doctrinaria, las organizaciones destacaron que la tierra “no es una mercancía ni un simple recurso económico”, sino un bien que sostiene la vida y debe ser cuidado como tal. En esa línea, subrayaron que para las comunidades campesinas, rurales e indígenas constituye un elemento central de identidad, cultura y subsistencia.

El texto también introduce el problema de la vivienda en la Argentina, al señalar que muchas familias carecen de acceso a una propiedad y dependen del alquiler, por lo que reclamaron un marco jurídico que contemple tanto a propietarios como a inquilinos.

Finalmente, las entidades pidieron a los senadores que orienten el debate hacia el bien común y el futuro de las próximas generaciones, por encima de intereses particulares, e instaron a ejercer la política como una forma de compromiso ético y social.