Esta semana, en Diputados, un proyecto que busca agravar penas por vandalismo rural consiguió dictamen favorable. Se trata de la iniciativa impulsada por los diputados Martín Ardohaín y Laura Rodríguez Machado, del PRO, quienes consiguieron el respaldo de La Libertad Avanza y otros bloques aliados.
En total se obtuvieron 41 firmas adherentes. Ahora, el proyecto queda en condiciones de ser tratado en el recinto para lograr su media sanción. Según explicó la Fundación Barbechando, «en reunión de Comisión de Legislación Penal y Agricultura y Ganadería se avanzó en una reforma al Código Penal para que el ingreso no autorizado en un campo sea un delito y ya no una contravención».
Las penas propuestas
En materia de intrusión rural se establecerían penas de 1 mes a 1 año de prisión para quienes ingresen sin autorización a establecimientos rurales delimitados por alambrados, tranqueras, vallas o carteles.
«El ingreso no autorizado, particularmente en horario nocturno o sin un fin específico, constituye un riesgo independientemente de si se verifica o no un delito posterior», expusieron desde la fundación.
Daño agravado
Se establecen penas de 2 a 8 años de prisión y multas de hasta 12 veces el daño causado por destruir o dañar cultivos, ganado, silobolsas, sistemas de riego, paneles solares, bombas, alambrados, tranqueras, silos y otra infraestructura productiva.
Los impulsores plantearon que el marco legal vigente «protege el domicilio urbano bajo el principio de inviolabilidad», aunque en el ámbito rural «el límite equivalente (la tranquera, el alambrado, la señalización) no recibe el mismo tratamiento».
Asimismo, destacaron las condiciones estructurales del entorno rural: grandes distancias, caminos en mal estado, falta de cobertura telefónica y lejanía de las fuerzas de seguridad.
