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Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados propone la creación de una Canasta de Discapacidad, un nuevo indicador estadístico destinado a reflejar el costo real de vida de las personas con discapacidad en la Argentina. La iniciativa, impulsada por Carlos Castagneto establece que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) sea el encargado de su elaboración y publicación mensual.

Según el texto, la canasta deberá contemplar una serie de variables específicas que actualmente no están incluidas en los indicadores tradicionales. Entre ellas, gastos en prestaciones de salud, rehabilitación y terapias; transporte y movilidad; medicamentos e insumos; equipamiento tecnológico; educación, inclusión laboral y servicios de apoyo y cuidado personal.

Además, el proyecto prevé que este indicador funcione como un insumo clave para el diseño y evaluación de políticas públicas, y que sirva de base para la actualización automática de los aranceles de las prestaciones básicas para personas con discapacidad.

En los fundamentos, el proyecto que es acompañado por los diputados de UP María Teresa García, Mario Manrique, Paula Penacca, Florencia Carignano, Gabriela Estévez, Sergio Palazzo, Lorena Pokoik, Rodolfo Tailhade y Matías Molle, advierten que el sistema estadístico argentino carece de herramientas que reflejen las particularidades del colectivo. Señalan que mediciones como la Canasta Básica Total o el Índice de Precios al Consumidor “responden a estructuras de consumo promedio” y no contemplan los gastos adicionales y permanentes derivados de la discapacidad.

Esa ausencia, sostienen, genera una “invisibilidad estadística estructural” que termina subestimando el costo real de vida y conduce a respuestas estatales insuficientes. En este sentido, remarcan que las personas con discapacidad afrontan erogaciones específicas —como terapias continuas, cuidadores, transporte adaptado o adecuaciones del hogar— que no son opcionales sino indispensables.

El proyecto también se enmarca en un contexto de crisis del sistema prestacional, con un desfasaje entre los aranceles vigentes y los costos reales, lo que refuerza la necesidad de contar con indicadores más precisos. Asimismo, destaca la obligación del Estado de generar información estadística adecuada, en línea con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene jerarquía constitucional en la Argentina.

De aprobarse, la Canasta de Discapacidad permitiría dimensionar la brecha entre ingresos y necesidades, facilitar la toma de decisiones y contribuir a mejorar la calidad de vida de este sector de la población. Para los autores, no se trata solo de una herramienta técnica, sino de un instrumento clave para garantizar derechos y reducir desigualdades.