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A su vez, se insta al Poder Ejecutivo Nacional "a transferir, de forma inmediata, los recursos suficientes para que el organismo cumpla con sus competencias, con las emanadas del Poder Judicial y se garantice su pleno funcionamiento".

También, la iniciativa presentada por la legisladora de Unión por la Patria reclama que se comunique "específicamente" al Ministerio de Economía, al Ministerio de Justicia y al BNDG sobre tal resolución, en caso que fuera aprobada.

En los argumentos, la massista señaló que el proyecto surgió por la comunicación formal que la directora General Técnica del BNDG realizó a jueces federales, "en la cual se informa que el organismo no podrá llevar adelante medidas judiciales de toma de muestras biológicas por falta de presupuesto".

En tal sentido, este viernes se conoció un fallo del juez federal Alejo Ramos Padilla, en el cual le ordena al Gobierno que se garanticen los fondos para el funcionamiento del organismo ya que, de lo contrario, peligrarán investigaciones clave relacionados a la apropiación de bebés durante la última dictadura.

En agosto del año pasado, ambas cámaras del Congreso derogaron un decreto (351/25), por el cual el Poder Ejecutivo había dispuesto una "transformación" del BNDG.

Moreau recordó que el organismo fue creado en 1987 por la Ley 23.511 y "constituyó la primera institución pública en el mundo dedicada exclusivamente a la identificación genética de personas desaparecidas y a la restitución de la identidad de niños apropiados durante la última dictadura cívico-militar".

"Desde su creación, el BNDG cumple un rol fundamental e irremplazable", aseguró y mencionó que "en materia de derechos humanos, almacena y analiza muestras genéticas que han permitido restituir la identidad de más de 130 nietos y nietas apropiados. Su trabajo es prueba científica en juicios por crímenes de lesa humanidad".

En tanto, "en materia judicial, brinda pericias genéticas gratuitas a todo el Poder Judicial de la Nación en causas de filiación, abuso sexual, identificación de personas y desapariciones. Es el único organismo público del país con esta capacidad técnica y legal".

Finalmente, "en materia científica, mantiene el Índice Nacional de Datos Genéticos, una herramienta clave para la investigación criminal y la identificación de personas".

"Su autonomía, autarquía y especialización lo convierten en un organismo de Estado, no de gobierno, cuyo funcionamiento no puede estar sujeto a la discrecionalidad presupuestaria", subrayó la diputada y completó: "Permitir que el BNDG detenga su funcionamiento operativo por falta de presupuesto sienta un precedente inaceptable y debilita el compromiso del Estado con la Memoria, la Verdad y la Justicia".