Según reporta  el medio local, Pilar a Diario, los manifestantes instalaron piquetes con quema de cubiertas y bombos en los accesos de la Avenida Frondizi, Fátima (frente al country CUBA) y El Petrel, para reclamar por los 300 despidos confirmados en la planta dedicada a la fabricación de porcelanato.

Los trabajadores denunciaron que la empresa no solo desconoció el acuerdo alcanzado en el marco de la conciliación, sino que además interrumpió el pago de la obra social, que debía mantenerse al menos tres meses.

“Nos dejaron sin trabajo y también sin cobertura médica para nuestras familias”, expresó Marcelo Barrionuevo, delegado despedido. Según relató, hay empleados con hijos con discapacidad y personas bajo tratamiento que perdieron de un día para otro la atención sanitaria.

También cuestionaron que la compañía solo ofrezca pagar el 50% de las indemnizaciones, pese a no estar en crisis, ya que recientemente invirtió en modernización de equipos y abrió nuevas búsquedas laborales tras los despidos.

“Vamos a sostener la protesta hasta que tengamos respuestas. Queremos explicaciones de un juez o un fiscal, porque ya no sabemos qué hacer”, dijo Juan González, uno de los despedidos, en diálogo con FM Plaza 92.1.

Una medida de fuerza más dura

A diferencia de la semana pasada, esta vez no se permitió ningún tipo de ingreso al predio, lo que generó largas colas en la autopista y obligó a algunos trabajadores a caminar por la banquina para llegar a destino.

Los empleados reclaman la reincorporación, el pago de salarios atrasados y el restablecimiento de la cobertura médica. Al mismo tiempo, pidieron disculpas a quienes se vieron perjudicados por la medida: “Hace 20 días que no tenemos cómo darle de comer a nuestras familias. Queremos trabajar, que nos devuelvan nuestros puestos”, expresó González.

Reacciones del sector empresario

Desde la Cámara Empresaria del Parque Industrial manifestaron solidaridad con los despedidos y se ofrecieron a colaborar en su reubicación en alguna de las más de 400 industrias de Pilar. Sin embargo, remarcaron que “no compartimos el uso de la fuerza que vulnera los derechos del resto de la población”.

Por ese motivo, representantes de la entidad acudieron a la fiscalía de turno para solicitar la intervención de la Justicia. No obstante, no se dispuso ningún operativo de desalojo