En tanto, YPF viene impulsando un discurso de "buffer" y el argumento es que la empresa "ayuda" a los consumidores absorbiendo parte de las subas del crudo internacional para no trasladarlas al surtidor, y que luego, cuando la situación se normalice, serán los consumidores quienes "ayuden" a YPF a recuperar los márgenes perdidos. El propio Marín lo resumió con una frase que se ha vuelto un latiguillo: "Podemos ayudar, pero no regalar". Sin embargo, los datos de márgenes de refinación de junio exponen lo falso de este relato. Si YPF realmente estuviera "ayudando" a los consumidores, la fuerte caída del crudo debería traducirse en una baja de los precios en surtidor. Pero no ocurrió, sino que mantuvo los precios altos y los aumentó en varias oportunidades con el argumento de recomponer los márgenes.
Este escenario plantea una pregunta incómoda para el discurso oficial de "libertad de mercado" y ajuste fiscal. Mientras el gobierno aplica recortes en subsidios a las tarifas de luz y gas, y promueve la quita de regulaciones, el sector refinador, concentrado pocas manos, se beneficia de una renta extraordinaria que no se traslada a los consumidores. La "internacionalización" de los precios locales que el gobierno celebra se convierte en un mecanismo para capturar renta.
EL MERCADO LIBRE SEGÚN LOS GENERADORES
La advertencia de los generadores eléctricos sobre el riesgo de colapso de las centrales térmicas de respaldo es un caso de manual de la lógica de "privatización de ganancias y socialización de pérdidas". La nota enviada al Gobierno por los principales actores del mercado pone en evidencia la paradoja de que cuando el negocio era rentable y las condiciones de mercado eran extraordinarias, el sector celebró la "libertad" y la desregulación. Sin embargo, ahora que esas condiciones extraordinarias se han terminado y el nuevo esquema de remuneración no les resulta favorable, los mismos actores que pregonaban la libre competencia acuden al Estado en busca de protección reclamando que se repongan las condiciones que habían acordado que terminarían. Este comportamiento no es novedoso, pero sí revela la profunda hipocresía que subyace en el discurso de algunos sectores sobre el rol del Estado en la economía.
Durante el gobierno de Cambiemos, la convocatoria para incorporar potencia térmica "firme" al sistema se hizo bajo la lógica de contratos a largo plazo denominados en dólares y con un plazo de diez años. Esas condiciones, que incluían una remuneración promedio por potencia de US$ 21.000 el MW-mes eran vistas por el sector como un ejemplo de las bondades del mercado y de la seguridad jurídica. Sin embargo, el mismo mercado que celebraba esas condiciones ahora se queja de que la Resolución 400/2025 reduce esa remuneración a apenas un tercio de los valores actuales. El reclamo de los generadores, que ahora piden una reunión urgente con las autoridades para revisar la remuneración, es una confesión de que el mercado por sí solo no puede garantizar la operación de infraestructura crítica.
El núcleo del reclamo es que estas centrales requieren mantenimientos frecuentes y costos financieros asociados al almacenamiento de combustibles alternativos. Los generadores argumentan que la nueva remuneración es insuficiente para cubrir esos costos y que, sin un ajuste, la disponibilidad de las unidades estaría en riesgo. El Estado, que fue llamado a "no intervenir" durante la etapa de bonanza, ahora es convocado urgentemente para que reponga los subsidios y garantías que el sector considera indispensables.
La situación de las centrales térmicas de respaldo es un reflejo de las contradicciones del discurso neoliberal en el sector energético. Todos estaban contentos cuando los precios eran altos y los contratos en dólares garantizaban rentabilidades extraordinarias. Pero ahora que las condiciones extraordinarias se terminaron, los mismos actores que reclamaban "libertad de mercado" acuden al Estado para que reponga aquello que había acordado que terminaría. Este comportamiento no solo es inconsistente, sino que también expone la fragilidad del argumento de que el mercado puede resolver por sí solo los problemas energéticos. El llamado a la "reunión urgente" con las autoridades es una confesión de que, en la práctica, el mercado no existe sin un Estado que garantice las condiciones de su funcionamiento. Y ese es un debate político que el Gobierno no puede eludir.
HALLIBURTON EXIGE UNA QUITA DEL 23% A SUS PROVEEDORES
La exigencia de Halliburton a sus proveedores neuquinos de una reducción de hasta el 23% en contratos ya en ejecución no es un simple ajuste comercial. Es, ante todo, un terremoto en la cadena de valor de Vaca Muerta que expone con crudeza las asimetrías de poder y la fragilidad del tejido productivo local. La medida, comunicada sin negociación previa y con un plazo perentorio de siete días, revela una lógica de mercado implacable. Para el sector político neuquino, esto es un problema mayúsculo ya que las empresas proveedoras locales son la base del empleo y la legitimidad social del boom petrolero, y convertirlas en la variable de ajuste de una multinacional que acaba de reportar ganancias netas por u$s 534 millones es un cóctel explosivo.
El verdadero núcleo del conflicto reside en que el segundo anillo de proveedores no es un eslabón menor, sino el principal generador de trabajo local en la cuenca. Estas empresas, que acompañaron el desarrollo de Vaca Muerta con inversión en equipamiento, capacitación y seguridad, son las que realmente sostienen el entramado social y económico de las ciudades petroleras. A diferencia de las grandes operadoras y las gigantes del servicio como Halliburton, que pueden trasladar capital y tecnología desde el exterior, los proveedores locales representan el arraigo territorial, la formación de mano de obra nacional y la multiplicación del ingreso en las economías regionales. Su asfixia financiera es una amenaza directa a la estabilidad del empleo calificado en Neuquén y a la capacidad de generar trabajo argentino de calidad, lo que transforma esta disputa en un asunto de política pública de primera magnitud.
El caso Halliburton pone en evidencia la trampa estructural del modelo de Vaca Muerta de la dependencia tecnológica y operativa de unas pocas grandes empresas globales. Halliburton se ha convertido en un jugador dominante en la cuenca que le permite trasladar la presión de costos a su eslabón más débil. El reclamo conjunto del sindicato y las cámaras empresarias no es solo gremial, sino un clamor político por una regulación que equilibre la balanza ante el poderío de las corporaciones internacionales, para proteger así la principal fuente de trabajo local.
El dato de que la casa matriz de Halliburton haya reportado ganancias netas de USD 534 millones y destinado otros 200 millones a recompra de acciones en el mismo trimestre en que exige el sacrificio a sus proveedores argentinos. Este contraste es la muestra de que el "derrame" del boom energético no es tal, ya que el beneficio se concentra en las corporaciones globales mientras el esfuerzo y el ajuste recaen sobre el trabajo nacional.
EL GOBIERNO ESTUDIA ABRIR YPF AGRO AL CAPITAL PRIVADO
La decisión de estudiar la apertura del capital de YPF Agro al 50% privado no puede leerse como un hecho fortuito o una solución puntual para un negocio específico. Por el contrario, se inscribe con precisión en una estrategia de fondo que el Gobierno y la conducción de YPF vienen aplicando de manera sistemática: la privatización periférica. Este modelo evita el costo político explosivo de una privatización total de la petrolera, pero avanza paso a paso en el desprendimiento de aquellos activos que, sin ser el núcleo duro del negocio energético, representan un peso en el balance. Al poner a YPF Agro en la vitrina, se está aplicando la misma lógica que ya se vio con otras divisiones, donde lo que se vende no es la empresa madre, sino sus "ramos" menos estratégicos, buscando eficientizar la operación y, de paso, demostrar a los inversores que el Estado está dispuesto a compartir el negocio.
YPF Agro, al ser un negocio híbrido que vincula agro y combustibles, no toca el núcleo de la producción de hidrocarburos, pero sí tiene un impacto directo en la cadena de valor agroindustrial. Abrirlo al capital privado, manteniendo el 50% estatal, permite al Gobierno probar un esquema de asociación público-privada en un área clave, sin arriesgar los activos más valiosos de Vaca Muerta.
Sin embargo, esta estrategia no está exenta de riesgos. La propia historia reciente, con el caso de Profertil, demuestra que lo que hoy parece "periférico" puede mañana ser reclamado como central en el relato opositor. Al abrir YPF Agro al capital privado, el Gobierno corre el riesgo de que la oposición y los sectores más nacionalistas conviertan esta operación en el símbolo de una "privatización encubierta", alimentando la narrativa de que se está desguazando YPF pieza por pieza. En un contexto de alta polarización, donde cada movimiento del oficialismo es mirado con lupa, la apuesta por esta privatización periférica podría volverse en contra si no se logra comunicar efectivamente la diferencia entre vender un activo complementario y ceder el control de la producción energética. La percepción ciudadana ya huele a "negocio" y a favoritismo, lo que indica que la batalla política recién comienza, y su éxito dependerá tanto de los números como de la credibilidad política del relato que la acompañe.
VACA MUERTA, EL NUEVO CAMPO DE BATALLA ENTRE CHINA Y EEUU
La advertencia del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, sobre el uso de tecnología china en Vaca Muerta no es un simple comentario comercial. Es parte de la guerra fría (tecnológica) que hoy define el orden global. Al condicionar las inversiones estadounidenses a la exclusión de Huawei, Washington convierte a la cuenca neuquina en parte del tablero global de su disputa con Pekín, donde Argentina debe hacer equilibrio entre alinearse con la seguridad de datos que exige EEUU y aprovechar las ventajas que ofrece China.
Lamelas fue claro al declarar que las empresas estadounidenses "quieren garantías de que sus datos serán protegidos". Esta exigencia, que ya se materializó en la amenaza a la cooperativa CALF por su contrato con Huawei, revela que la seguridad energética es ahora sinónimo de seguridad nacional. Para Washington, cualquier vínculo con tecnología china es un riesgo, y Argentina debe decidir si está dispuesta a pagar el costo de esa desconfianza, que podría traducirse en menores inversiones de las empresas líderes mundiales en el sector.
El gobierno de Milei, que ha apostado por una alianza estratégica con EEUU, se enfrenta a un dilema. Mientras elogia la apertura económica y el respaldo de Trump, recibe el ultimátum de que, para ser un socio confiable, debe excluir a China de la cadena de valor. Pero Pekín ya está presente en el país, y su tecnología y financiamiento son difíciles de reemplazar. Argentina, que busca posicionarse como exportador energético, no puede darse el lujo de cerrar puertas, pero tampoco puede ignorar el poder de Washington.
La advertencia de Lamelas es un recordatorio de que Vaca Muerta es parte de la geopolítica de los recursos. En un mundo donde las cadenas de suministro y la seguridad de los datos son armas estratégicas, la decisión de Argentina sobre qué tecnología usar no es solo técnica, sino un acto de posicionamiento internacional. La presión de EEUU, que ya se ejerce directamente sobre empresas argentinas, anticipa un escenario donde la neutralidad será cada vez más difícil. El país deberá navegar este terreno minado con cuidado, sabiendo que cualquier paso en falso podría cerrarle puertas en Washington o en Pekín, en un momento donde la energía es la moneda de cambio del poder global.
AGENDA REGULATORIA Y NORMATIVA
1. El Gobierno prorrogó el vencimiento de hidroeléctricas (Resolución 198/2026): El gobierno utiliza las prórrogas de concesiones hidroeléctricas (Río Hondo de 17 MW y Los Quiroga de 2 MW en Santiago del Estero, Futaleufú en Chubut de 472 MW y Sistema Hidroeléctrico Diamante en (Mendoza de 388 MW) como una estrategia para ganar tiempo y evitar conflictos, postergando licitaciones que debería lanzar por ley. Al concentrar cuatro vencimientos clave en una misma fecha (15 de diciembre), crea un escenario de presión que le da poder de negociación, pero también revela falta de planificación y debilidad institucional, ya que no tiene los pliegos técnicos listos.
2. Ampliación del Sistema de Transporte en Alta Tensión “AMBA I” (Resolución 201 y 202/2026): Se anuncio el lanzamiento de la licitación para la obra eléctrica "AMBA I". Esta obra, considerada prioritaria para mejorar el abastecimiento eléctrico del Área Metropolitana de Buenos Aires, se llevará a cabo bajo un régimen de concesión de obra pública, donde una empresa privada se encargará de la construcción, operación y mantenimiento. Se aprueban los pliegos de bases y condiciones y establece un plazo de 120 días para la presentación de ofertas y crea una comisión evaluadora para el proceso. También confirma dos decisiones políticas importantes que buscan hacer el proyecto atractivo para los inversores. Primero, autoriza el uso de 110 millones de dólares de la "Cuenta de Exportaciones" (un fondo estatal) como anticipo financiero para el adjudicatario, rompiendo la promesa de que la obra sería 100% privada. Segundo, habilita al ganador a acogerse al RIGI y además, se menciona que el BID está analizando otorgar una garantía para respaldar el contrato, lo que refuerza el respaldo estatal al proyecto.
3. Privatización de las centrales térmicas (Resolución 203 y 205/2026): La Secretaría de Energía dio un paso estratégico para poder privatizar las centrales termoeléctricas de ciclo combinado Timbúes (Santa Fe) y Manuel Belgrano (Campana). Ambos complejos de 800 MW fueron construidos mediante el esquema fiduciario del FONINVEMEM, una estructura donde la titularidad de las plantas permanecía administrada en fideicomisos. Con estas dos normativas se formaliza la disolución de dichos fideicomisos y se transfiere la titularidad operativa de las usinas directamente a sus respectivas sociedades anónimas: Termoeléctrica José de San Martín S.A. y Termoeléctrica Manuel Belgrano S.A. ENARSA posee el 68,83% de las acciones, mientras que el 31,17% restante pertenece a un consorcio de generadores privados (como Central Puerto, Pampa Energía y AES).
Colofón: La política energética navega entre la paradoja y el pragmatismo: recorta subsidios creando otros nuevos, celebra el libre mercado mientras los actores dominantes acuden al Estado para sostener sus rentas y exhibe un discurso de apertura que encubre una creciente dependencia geopolítica. Vaca Muerta, lejos de ser un motor de derrame, se revela como un campo de batalla donde el poder corporativo y las tensiones globales moldean el destino de los recursos, mientras el empleo y el tejido productivo local quedan expuestos a la lógica implacable de los mercados. En este escenario, el gobierno avanza con una estrategia de privatización periférica que, sin resolver los problemas de fondo, profundiza las contradicciones entre el discurso de libertad y la necesidad de intervención estatal para sostener el equilibrio político y social. |
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