La “caja” de 2025: el remanente a negociar

Al observar la ejecución presupuestaria al 30 de noviembre de este año, se desprende un dato que no pasa desapercibido para los jefes provinciales. De un crédito vigente total de $201.129 millones asignados a los ATN, la ejecución (el devengado) alcanza los $133.000 millones. Esto implica que el Ejecutivo aún cuenta con alrededor de $68.000 millones sin asignar. Este remanente funciona como un incentivo inmediato para aceitar las conversaciones de cara al recinto.
El reparto de estos fondos durante 2025 mostró un mapa de prioridades políticas y urgencias financieras. 

Ejecución presupuestaria de ATN al 30/11/2025

Promesa 2026: salto nominal y saneamiento de deudas

Si el remanente de 2025 es el incentivo de corto plazo, el proyecto de Presupuesto 2026 ofrece el horizonte de mediano plazo que las provincias reclaman. El Ejecutivo presupuestó un crédito para ATN que asciende a $570.000 millones. Este salto nominal, que representa casi cinco veces lo previsto originalmente para el año encurso, es una señal de que Nación está dispuesta a abrir la billetera de transferencias directas.

Sin embargo, la novedad más relevante no es solo el flujo de caja, sino también el stock de deuda. Dentro del Programa 45 del Ministerio de Economía, se asignó una partida de $900.000 millones destinada al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, instrumentado bajo el Decreto 969/2024. 

Este mecanismo es, quizás, la carta más valiosa en la negociación. Para muchas provincias asfixiadas por deudas históricas con la Nación (y viceversa, por reclamos de cajas previsionales o compensaciones), este régimen ofrece una ventana de 'borrón y cuenta nueva'. La posibilidad de limpiar los balances provinciales mediante este clearing de deudas es un reclamo histórico que el Ejecutivo decidió fondear con una suma considerable.

Con este panorama, los legisladores tendrán ante sí un menú que incluye liquidez inmediata (el saldo de los ATN 2025), un aumento sustancial de fondos discrecionales para el año entrante ($570.000 millones) y una herramienta potente de desendeudamiento ($900.000 millones).

Queda por ver si estos incentivos serán suficientes para alinear las voluntades en un Congreso fragmentado o si los mandatarios provinciales exigirán mayores garantías sobre la automaticidad de estos giros, temerosos de que la discrecionalidad se convierta, una vez más, en una herramienta de disciplinamiento político a lo largo de 2026.