Uno de los casos que más ruido genera es el del Grupo Lenor, propiedad del ingeniero Julio Made, señalado por su cercanía con el ministro de Economía, Luis Caputo. Según trascendió, tras el retiro del organismo estatal, la firma quedó en una posición privilegiada para gestionar la verificación de miles de surtidores de combustible en todo el país, un servicio clave dentro del sistema de control.
La operatoria se concretó mediante la eliminación de la exclusividad estatal en áreas de metrología legal. Esto permitió que empresas previamente acreditadas ante el Organismo Argentino de Acreditación absorbieran una demanda que, por ley, es obligatoria, lo que en la práctica garantiza un flujo constante de trabajo e ingresos.
En paralelo, el ajuste sobre el INTI se tradujo en una reducción presupuestaria y en la desvinculación de cientos de técnicos especializados. Mientras tanto, el terreno quedaba allanado para que empresas privadas —algunas vinculadas al entorno del Ministerio de Economía— avanzaran sobre servicios históricamente prestados por el Estado.
Otro de los puntos cuestionados es la falta de competencia abierta: al no existir concursos de precios ni procesos licitatorios, las tarifas de estos controles quedan en manos de un grupo reducido de laboratorios. Así, lo que antes funcionaba como una tasa estatal orientada al fomento técnico se transforma en un negocio de rentabilidad asegurada para actores privados.
CRÉDITO: BETO VALDEZ - TRIBUNA DE PERIODISTAS
