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La norma aprobada en 2021, conocida como Ley de Etiquetado Frontal, obliga a que alimentos y bebidas exhiban advertencias en forma de octógonos negros cuando superen ciertos niveles de azúcares, sodio, grasas o calorías. Mientras legisladores oficialistas impulsan proyectos para derogarla, organizaciones de salud pública advierten que modificar el esquema actual podría debilitar una herramienta pensada para garantizar información clara al consumidor.

Más allá de lo técnico, en el fondo aparecen dos formas distintas de entender el rol del Estado: una enfocada en reducir regulaciones y facilitar la comparación de productos y otra centrada en fortalecer herramientas sanitarias para orientar las decisiones de consumo.

Uno de los principales cuestionamientos apunta al criterio con el que se otorgan los sellos. Para Daiana Fernández Molero, diputada nacional y autora de uno de los proyectos que propone derogar la norma, uno de los principales problemas del sistema está en el criterio nutricional que utiliza la ley. “Adopta un perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que solamente utilizan México y Colombia. No mide, por ejemplo, cuánta azúcar o grasa total tiene un producto en términos absolutos, sino que lo hace en relación con la proporción de las calorías totales que provienen de ese nutriente”, explica a El Auditor.info.

Ese mecanismo genera críticas por producir situaciones poco intuitivas al comparar productos en góndola y Fernández Molero sostiene que puede llevar a confusión en el consumidor. “Eso se llama umbrales móviles. Lo que puede producir es que en la góndola te enfrentes a un jugo de fruta y a un agua saborizada: los dos tienen el mismo sello de ‘exceso de azúcar’, pero uno presenta ocho gramos de azúcar por porción y el otro 21; es decir, casi el triple, y aun así tienen el mismo sello”, ejemplifica.

Según la diputada, el resultado es una saturación de advertencias que termina perdiendo efectividad. En ese punto, plantea que la masividad de sellos dificulta diferenciar productos con composiciones muy distintas. “Esto hace que después todo tenga etiquetas y genera un efecto de saturación. Por ejemplo, en 2023 se había observado que el 85% de los productos envasados tenían sellos. Es una de las principales causas de la falta de claridad para el consumidor”, asegura.

Desde el otro lado del debate, especialistas en nutrición defienden el sistema actual, pensado para contextos reales de compra donde las decisiones se toman en pocos segundos. “El modelo vigente sigue siendo una herramienta efectiva porque brinda información simple, clara y visible al momento de la compra. El objetivo no es definir si un alimento es bueno o malo, sino advertir sobre nutrientes que, consumidos en exceso, se asocian con enfermedades crónicas no transmisibles”, señala Ana Cáceres, nutricionista y ex presidenta de la Federación Argentina de Graduados en Nutrición (FAGRAN).

La comparación con otros países de la región aparece como otro de los ejes centrales de la discusión. Mientras Argentina utiliza el modelo de la OPS, países como Brasil, Chile y Uruguay aplican límites fijos cada 100 gramos o mililitros. “Los otros países del Mercosur no usan umbrales móviles, sino fijos, que brindan una información mucho más fidedigna respecto de lo que después figura en el reverso de la tabla nutricional”, plantea Fernández Molero.

La diputada sostiene que un esquema basado en cantidades estandarizadas facilitaría la comparación directa entre productos. “Con umbrales fijos, el sello refleja de manera más directa la cantidad de nutrientes por cada 100 gramos, que es justamente el mismo dato que después aparece en la tabla nutricional y no una proporción vinculada a las calorías. Entonces, la comparación entre dos productos resulta mucho más natural”, sostiene.

En paralelo, el oficialismo plantea que la discusión debería darse en el marco regional del Mercosur por el impacto que las diferencias regulatorias pueden tener sobre la producción y las exportaciones. “En el Mercosur estas decisiones las toman organismos técnicos. Esto debería debatirse ahí, porque es donde exportamos la mayoría de nuestros productos y porque el acuerdo Mercosur-Unión Europea abre una oportunidad para avanzar”, afirma la legisladora.

Cáceres, en tanto, recuerda que la legislación argentina fue construida a partir de años de debate técnico y evidencia científica, y destaca que su alcance excede el etiquetado frontal. “La normativa argentina es considerada una de las más integrales de la región porque no solo contempla el etiquetado frontal, sino también aspectos vinculados a entornos escolares, publicidad, promoción y patrocinio de alimentos y compras públicas”, explica.

Para la especialista, la discusión no debería reducirse únicamente a facilitar la comparación entre productos. “Algunos de los modelos alternativos plantean criterios más permisivos, que podrían dejar fuera del etiquetado a productos con excesos de nutrientes críticos y dificultar que las personas identifiquen de manera clara y rápida los productos menos saludables”, asegura.

En ese sentido, resalta que la finalidad del sistema es advertir riesgos de consumo más que facilitar comparaciones. “Desde el punto de vista de la salud pública, el objetivo es que el consumidor pueda identificar de manera clara cuándo un producto presenta cantidades elevadas de nutrientes asociados a un mayor riesgo de enfermedades crónicas”, señaló.

Para Fernández Molero, “la ley no cumple ninguno de los dos objetivos que se propuso: ni la cuestión sanitaria ni la de brindar mayor información al consumidor”.

El debate se da en un contexto de aumento del consumo de productos ultraprocesados y su relación con enfermedades crónicas no transmisibles. Estudios nacionales muestran un crecimiento sostenido en el consumo de bebidas azucaradas, comidas rápidas y productos industrializados, especialmente entre niños y adolescentes.

Cáceres cuestiona algunos cambios recientes en la implementación de la ley. “En diciembre de 2024, la ANMAT dictó dos disposiciones que modificaron criterios de implementación e introdujeron reinterpretaciones sobre la aplicación de ese perfil nutricional”, explica. Según indica, eso alteró parcialmente la aplicación original de la norma.

“Desde una perspectiva de salud pública, la preocupación es que cambios en los criterios actuales reduzcan la capacidad del sistema para advertir de manera clara y sencilla sobre productos cuyo consumo excesivo puede afectar la calidad de la alimentación”, concluye.