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El eje de la investigación es preciso: reconstruir la situación patrimonial de Adorni y determinar si existe un incremento de bienes que no pueda justificarse con sus ingresos declarados. Para eso, Pollicita pidió información sobre un inmueble ubicado en el Country Indio Cuá Golf Club (titularidad, historial registral, gravámenes y condiciones legales) y un informe completo sobre los bienes registrados en la Ciudad de Buenos Aires tanto a nombre del funcionario como de Bettina Julieta Angeletti, su pareja: porcentajes de titularidad, fechas de adquisición y cualquier restricción o inhibición vigente.

Pero la pieza más sensible del pedido apunta directamente al historial de lo que Adorni eligió declarar, y lo que no. 

El fiscal le solicitó al juez Lijo que requiera a la Oficina Anticorrupción la totalidad de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales presentadas por el funcionario, incluidos los anexos reservados, correspondientes a los años 2022, 2023, 2024 y 2025 si existieran.

La imputación convierte a Adorni en el funcionario de mayor rango del gobierno de Javier Milei en quedar formalmente sospechado en una causa penal de esta naturaleza.